98 procesados y condenados son vigilados con brazaletes por el 911

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Tiene 70 años y fue detenido cuando aparentemente vendía pequeñas fundas de droga. La Fiscalía lo acusó por microtráfico y abrió una investigación durante 30 días. Para garantizar que asista al proceso, el juez ordenó que se presentara dos veces por semana y que en ese tiempo Carlos esté monitoreado a través de un brazalete electrónico. Estos dispositivos empezaron a funcionar a inicios de abril de 2017 y, actualmente, hay 98 personas vigiladas. El Ministerio de Justicia, encargado de esta tarea, dice que el uso de los brazaletes está permitido únicamente en “casos especiales” y así también lo determina el Código Penal. En el artículo 537 se establece que pueden acceder a este beneficio, que sustituye a la prisión preventiva, las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los procesados con enfermedades catastróficas y para resguardar a las víctimas de delitos contra la mujer y la familia. Por ejemplo, Ana lleva el brazalete en su tobillo hace 12 días. Ella también es indagada por un delito menor, y el miércoles 17 de mayo de 2017 contó que le otorgaron el equipo porque está embarazada. Al principio le dolía el pie y dice que se sentía “rara”. Ahora sale de su casa y trabaja en las mañanas, pero está pendiente que la batería del aparato siempre esté cargada, pues de lo contrario el dispositivo lanza una alerta al ECU 911. Desde ese organismo, los procesados son monitoreados. Nueve técnicos en Quito, Guayaquil y Cuenca vigilan a los portadores que se encuentran a escala nacional. Los encargados del monitoreo tienen los datos de esas personas y las órdenes judiciales. Ahí se determinan las prohibiciones que tienen cada uno. Por ejemplo, en Quito hay una persona que no puede salir de la ciudad, pues así lo dispuso el juez. Por eso, cuando en el radar aparece que está cerca de los límites de la capital, los técnicos le llaman a través del brazalete y le indican que vuelva. Si el sujeto no obedece, el ECU 911 envía una alerta a un po­­licía, y lo interceptan. En dos meses que opera el sistema, no se han reportado problemas, pero sí incidentes menores, porque la manilla está muy ajustada o porque la batería no se carga. En esos casos, se sugiere que acudan a las Unidades de Flagrancia y se les afloja la correa o el dispositivo es cambiado. Ana, por ejemplo, dice que no ha tenido inconvenientes al dormir o al bañarse con el dispositivo cubierto. Lo único que le prohibieron es entrar a las piscinas, pues el equipo puede dañarse. El Estado pagó USD 1 500 por cada brazalete. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, dice que se adquirieron 4 000 equipos. El proyecto tuvo una fase de implementación, en la cual los dispositivos fueron probados para garantizar su funcionamiento y resistencia a golpes y al agua. Eso y otros procesos legales para que los aparatos ingresen al país hicieron que el proyecto se retrasara, pues debía comenzar en diciembre pasado. Por ahora, el brazalete también se ha entregado a quienes han cumplido entre el 60% y el 80% de la pena. Según el COIP (art. 698), ellos también pueden beneficiarse de esto. Por ejemplo, el abogado de Martha solicitó esta medida para que su clienta dejara la cárcel, pese a que le faltaban ocho meses para cumplir su pena de dos años. La mujer dice que se lo otorgaron porque tenía buena conducta y porque estaba en talleres de manualidades. Salió hace tres semanas y ahora trabaja cuidando una casa. Con calentadores o faldas largas oculta el equipo. El defensor Público, Ernesto Pazmiño, dice que se debería aplicar también a padres detenidos por pensiones. En enero del 2016, el presidente Rafael Correa habló de esta posibilidad. La ministra Zúñiga señala que el COIP no establece esa posibilidad y se requeriría una reforma legislativa o de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Fuente: El Comercio de Quito.

 

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