El Comercio.- 36 denuncias se presentaron por supuesta corrupción en contratación pública
La directora del Servicio de Contratación Pública (Sercop), María Jijón, presentó a la Fiscalía General del Estado 36 denuncias por supuesta corrupción durante el 2022. La funcionaria entregó esta información a la Comisión de la Asamblea del caso Encuentro.
Jijón detalló que esas denuncias tienen que ver con supuesto peculado, concusión, falsificación y utilización de documento falso, y cuatro de los casos por una posible manipulación del sistema informático del Sercop.
Según la funcionaria, estas irregularidades se habrían detectado en los procesos de distintas entidades contratantes como los gobiernos locales, y ocho de ellas corresponden a empresas públicas.
La funcionaria rechazó que la presidenta de la Comisión, la correísta Viviana Veloz, insinuara un posible encubrimiento, después de que se negó a entregar más detalles. Adujo que esta información tiene sigilo de la Fiscalía.
Jijón dijo que las primeras 14 denuncias fueron entregadas a la Fiscalía el 13 de enero de 2022, y que ninguna tiene resolución hasta ahora. Anotó que alista la presentación de seis más.
La funcionaria mencionó que al año se presentan 521 000 procedimientos de contratación pública, desde ínfima cuantía. Y son más de 3 200 entidades contratantes.
Jijón señaló que por tres o cuatro ocasiones se reunió con el exgerente de la Empresa coordinadora de empresas públicas (Emco) Hernán Luque en el Directorio. Las citas se realizaron para presentarle los riesgos más altos de estas entidades que provocan la caída de los procesos.
Luque fue salpicado en la supuesta trama de corrupción en empresas públicas en el actual Gobierno, denominado por la Fiscalía como el caso Encuentro.
Designación de gerentes
A su turno, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, aclaró que el Primer Mandatario “no interviene en la designación de los gerentes de empresas públicas”. Aseguró que la competencia que tiene el Gerente de Emco está dada por la Ley.
Pozo aseguró que el presidente Guillermo Lasso, al haber suscrito los decretos 107 y 163, solo dio cumplimiento a las reformas a la Ley de Empresas Públicas sobre el rol de Emco, que están vigentes desde el 19 de mayo del 2017 durante el Gobierno de Rafael Correa.
El funcionario puntualizó que el exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto presentó “un informe de hipótesis” sobre el tema.
Aseguró que no conoce a Danilo Carrera, cuñado de Lasso, aludido en el escándalo. “Ningún familiar del Presidente ha designado a ningún funcionario. No existe el cargo de cuñado del Presidente”, insistió al ser cuestionado por la correísta Marcela Holguín.
