En la mesa de Focalización de Subsidios no se esperan acuerdos “parciales” porque es un “todo”, dijo el ministro Darío Herrera.
Después de 70 días de diálogo entre delegados de tres organizaciones indígenas y del Gobierno de Guillermo Lasso, 54 acuerdos se han alcanzado en cinco mesas de trabajo que se han instalado luego del paro nacional de junio pasado.
Esta evaluación hizo el régimen a 20 días de cumplirse los 90 de plazo que estableció la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para que se atienda las diez demandas que se promovieron en la movilización.
Este martes 27 de septiembre, desde el Palacio de Carondelet, varios ministros de Estado resaltaron lo que consideraron avances en haber entablado diálogos con delegados del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez resaltó que estas conversaciones han dejado 54 acuerdos, que los dividió con base a cada mesa:
- Banca Pública: 6 acuerdos
- Control de precios: 5 acuerdos
- Fomento productivo: 20 acuerdos
- Energía y recursos naturales: 10 acuerdos
- Derechos Colectivos: 14 acuerdos
Según la programación del régimen aún faltan seis mesas de trabajo por concluir sus funciones. Por ejemplo, hasta el próximo 30 de septiembre se espera cerrar las mesas de Focalización de subsidios a los combustibles; Derechos colectivos; Seguridad, justicia y derechos; Acceso a la salud; Empleo y derechos laborales; y, Educación superior.
Jiménez opinó que este proceso constituye un “hecho histórico” y que se sienten satisfechos con los resultados alcanzados. “Quedan algunos días (para seguir con el diálogo) y estamos seguros que va a dar frutos”, comentó.
Uno de los temas que está en discusión es las temáticas sobre Seguridad, justicia y derechos, en la que los movimientos indígenas están solicitando que no se criminalice a líderes sociales que enfrentan procesos judiciales por su participación en las jornadas de paralización y también, la creación de un fondo para el pago de indemnizaciones para familiares que perdieron algún familiar en esas manifestaciones.
Según las cifras de la Conaie, hay alrededor de 400 investigaciones en marcha.