El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que pedirá una ley que le otorgue poderes especiales y le permita gobernar por decreto para intentar acabar con la corrupción que ha afectado a su popularidad, en medio de una emergencia nacional.
El fallecido Hugo Chávez, predecesor de Maduro, gobernó muchos meses bajo el amparo de las leyes conocidas como habilitantes, las que le permitieron dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sin que fuesen aprobados por la Asamblea Nacional.
Desde su asunción hace cuatro meses, Maduro ha encabezado una “guerra contra la corrupción” y en las últimas dos semanas fueron detenidas 50 personas en operativos, aunque las capturas no han alcanzado a ningún ministro o peso pesado del partido de gobierno.
El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, acusó a Maduro de usar la lucha anticorrupción como arma de persecución política y denunció que en el gobierno, incluido el mandatario, están los mayores corruptos.
Capriles afirmó que los procesos contra opositores sobre supuestos actos de corrupción son montajes del gobierno de cara a los comicios municipales del 8 de diciembre, en los que llamó a votar masivamente para convertirlo en un ‘plebiscito contra Maduro.
Con su popularidad golpeada por la alta inflación, la escasez y la delincuencia, el sucesor de Chávez busca enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción luego de que su ajustada victoria no le permitiera gozar de la luna de miel típica de los mandatarios recién electos.
Maduro dijo el pasado lunes que va a pedir “poderes especiales” para luchar contra la corrupción y no descartó una reforma de la Constitución para modificar algunos de los artículos que sancionan los actos irregulares en la función pública.
Para solicitar una ley habilitante, el oficialismo necesita las tres quintas partes del parlamento (99 diputados) y actualmente tiene 98 asambleístas.
En su reporte del año pasado, la organización Transparencia Internacional colocó a Venezuela como la tercera nación sudamericana donde se percibe más corrupción, solo detrás de Argentina y de México.