Celi explica por qué se predeterminó la destitución de Diana Atamaint y otros funcionarios del CNE

0

En medio del desarrollo de las elecciones del 2021, surge una pugna política entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado, por una auditoría que dispuso como recomendación que se deje sin efecto la inscripción de cuatro movimientos: Libertad es Pueblo, Justicia Social, Fuerza Compromiso Social y Juntos Podemos. Su incumplimiento generó que el contralor Pablo Celi dé paso a la predeterminación de destitución y una multa de $ 7880 en contra de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, y otros siete funcionarios.

La presidenta Atamaint denuncia que Celi incurriría en una infracción electoral por interferir en el proceso. Pero él asegura que no hay sustento legal. Su argumento, que hay “evidencia documental” recogida en un informe de agosto del 2019 de que se otorgó personería jurídica a los movimientos sin que tengan el 1,5 % de firmas para su inscripción, porque se encontraron números de cédula inexistentes y duplicados, firmas que no corresponden, menores de edad y fallecidos.

En una entrevista con este Diario, Celi afirma que el CNE debía comprobar la veracidad de la información, pero no se lo hizo. Al contrario, en enero y febrero del 2020 adoptan resoluciones incumpliendo las recomendaciones. No realizan acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal, ni corrigen y depuran el registro.

Ello se recoge en un segundo informe del 18 de junio, alertando que no se subsanaron las observaciones. “No se trata de un examen a los partidos ni a los movimientos, es un examen al CNE. No estamos hablando de requisitos de extinción de partidos, sino de requisitos previos. Las predeterminaciones no son al organismo, son a las personas. Aquí no hay ninguna interferencia de competencias”.

Tras conocer la predeterminación, la presidenta Diana Atamaint le recomendó que enfoque sus esfuerzos en investigar los actos de corrupción.

Los pronunciamientos de los consejeros deben hacerse en el campo legal. La Contraloría no necesita consejos de nadie para ejercer sus funciones. El país es conciente que se viene haciéndolo. Críticas infundadas, amenazas, atropellos, hasta ataques a su infraestructura. La Contraloría está enfrentando reacciones por sus actuaciones. Estoy obligado a llevar adelante la ley. A mi no me amedrenta ningún tipo de amenaza.

Se habla de que analizarán acciones en su contra alegando que ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral.

Eso no tiene ningún sustento. Las autoridades debemos tener cuidado en las expresiones públicas, porque nuestra obligación es, además de adoptar decisiones pertinentes, orientar la percepción ciudadana. Esta situación no tiene nada que ver con el CNE, no tiene que ver con sus atribuciones, es una acción de control administrativa. No cabe ningún tipo de amenaza, advertencia que no tiene ningún asidero legal, y que la Contraloría no la puede admitir. Porque si el contralor fuese advertido o amenazado con acciones por cada una de las decisiones que se adoptan, estaríamos paralizados. Ya no estamos en un momento en donde en el país impera el reino de la arbitrariedad.

De la auditoría se desprende que hay una falla de origen en estas cuatro organizaciones, pero hay decenas inscritas.

Las acciones de control están planificadas, no están direccionadas. Hay una planificación anual, esto no es improvisado. Y están observadas aquellas en cuyos registros se encontraron irregularidades. No hay ningún direccionamento político, ni tampoco se audita selectivamente. No hay ningún elemento político, además, el examen es muy anterior a cualquier acción que tenga que ver con el proceso electoral. Viene de dos años atrás. Las observaciones lo que señalan es que el CNE debe cumplir con su propia ley. No es la Contraloría la que estableció las normas.

¿Hay una intromisión de funciones como denuncian los consejeros?

Eso implicaría subrogar al CNE en decisiones que son propias y que están en el campo del derecho electoral. Esto tiene que ver con un acto de control administrativo, no de control electoral. El CNE entrega recursos a las organizaciones políticas fundamentado en el Registro, por lo que estamos obligados de vigilar que ese registro, por el que se entregan recursos, no existan agrupaciones que no tienen derecho a recibirlos. No es un tema de intervención electoral.

Demandan que se sancione a quienes dieron la personería jurídica en administraciones anteriores, y no a ellos.

Los informes observan las responsabilidades de todos. El último informe se refiere a las autoridades y funcionarios que al estar en funciones activas, tenían la capacidad y potestad para corregir lo observado. Esto no quita las responsabilidades respecto al informe anterior, que involucra a funcionarios actuales y anteriores. El informe que predetermina a los actuales, es porque tenían la potestad para corregir el hecho oportunamente, y eso no exime a otras autoridades precedentes.

En el caso que se ratifiquen las sanciones en contra de los vocales, la recomendación de eliminar a las cuatro organizaciones ¿se mantiene?

En 30 días deberán presentar cualquier tipo de descargo ante el órgano de control. Cuando conozcamos esas respuestas, las analizaremos y adoptaremos una resolución definitiva. Esto sea la confirmación de la predeterminación o no, independencia que se haya o no presentado elementos probatorios de que los actos observados que sustentan la predeterminación no están activos. Tienen que demostrar que ya no están en vigencia los actos administrativos observados para que se subsanen las observaciones. Si es que los actos administrativos observados se mantienen, las observaciones también.

Hay autoridades que han sido sancionadas con la destitución, pero siguen ejerciendo cargos.

Son procesos que no están concluidos, que no quiere decir que estén desvanecidos. No quiere decir que estén terminados ni que se haya modificado la resolución de control. Pero el principio de ejecución de un acto administrativo como es la decisión de destitución, es un principio que no puede ser desconocido ni burlado por ningún subterfugio jurídico. El procedimiento es claro. Si una determinación de destitución confirmada se notifica a la autoridad nominadora, está obligada por la ley a ejecutar la resolución, independientemente de los reclamos legales que puedan hacer los interesados. La ley es clara.

¿El CNE podía recurrir al Código Administrativo para anular la inscripción de los cuatro grupos?

No puede existir la invocatoria de un derecho adquirido contra los principios legales que sustentan ese derecho. Es un contrasentido. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo. La observación de Contraloría es que se corrija un acto administrativo que tiene una nulidad de origen. Solo señalamos la irregularidad y exigimos que se corrija. Quien tiene que corregirla es el sujeto observado. La Contraloría no subroga a los funcionarios en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Estas auditorías están motivando críticas de actores políticos, como el expresidente, Rafael Correa.

Aquí hay activistas políticos interesados siempre en distorsionar las cosas en su provecho, algunos de ellos, andan asesorados por tinterillos y buscapleitos con fines proselitistas, yo soy una autoridad seria. No entro en ese campo, como autoridad de control no atiendo disparates.

 

Fuente : El Universo
Share.

Comments are closed.