La Fiscalía investiga 172 presuntos casos de corrupción perpetrados durante la pandemia del covid-19 en Ecuador.
Sin embargo, la mayoría de investigaciones registra un lento avance. Un informe estadístico de esa entidad muestra que, desde junio del 2020 hasta agosto de este año, 159 casos permanecen en la primera fase del proceso penal, es decir el 92,4% sigue en investigación previa.
En esa etapa, los agentes recopilan indicios antes de formular cargos en contra de los implicados. Esa indagación es reservada.
La Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía rastrea 13 delitos ocurridos en pandemia. Entre ellos, peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, delincuencia organizada, asociación ilícita, entre otros.
Un equipo de fiscales, analistas financieros, expertos en contratación pública y policías con perfiles especializados rastrean estos ilícitos.
104 de las 159 investigaciones previas son por el presunto delito de peculado. La mayoría tiene relación con la compra de insumos médicos, pruebas covid-19 o fundas para cadáveres con presunto sobreprecio en hospitales públicos.
La Fiscalía señala que el Código Integral Penal establece que una investigación previa puede durar uno o dos años. “Tenemos ese tiempo para recabar documentación, solicitar informes a otras instituciones, realizar diligencias y solicitar pericias”, indicó personal de esa entidad.
Además, la Fiscalía explica que el avance de los casos depende de la complejidad de la investigación. “Hay casos que se obtienen suficientes evidencias y documentos durante los allanamientos y se puede iniciar una instrucción fiscal más rápido. En cambio, hay causas en las que solo contamos con una denuncia. Tenemos que solicitar información a otras instituciones como Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero, necesitamos buscar las evidencias, documentos, solicitar versiones y eso toma su tiempo”.
Este Diario conoció que dos casos que estaban en investigación previa fueron archivados porque los agentes no encontraron suficientes evidencias para formular cargos.
Solo 13 casos registran avances en el proceso penal. Por ejemplo, seis causas están en instrucción fiscal y existen 41 procesados. Tres están en la fase preparatoria de juicio y cuatro en juzgamiento.
En este último grupo está el caso Pruebas PCR, que involucra al exalcalde de Quito Jorge Yunda y 13 personas más. Todos están acusados por el supuesto delito de peculado por la compra de 100 000 pruebas para detectar el coronavirus.
Ayer, 13 de octubre del 2021, a las 09:00, se instaló el décimo primer día de audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte. Actualmente, la Fiscalía está presentando al Tribunal las pruebas recopiladas en la investigación. Cuando la entidad concluya, los abogados de los imputados también presentarán pruebas testimoniales, periciales y documentales.
Según los defensores, esas evidencias demuestran la inocencia de sus clientes. Está previsto que el juicio dure más de un mes.
Hasta el 31 de agosto del 2021, solo hay 17 sentenciados por delitos relacionados a la corrupción durante la pandemia.
Según los defensores, esas evidencias demuestran la inocencia de sus clientes. Está previsto que el juicio dure más de un mes.
Hasta el 31 de agosto del 2021, solo hay 17 sentenciados por delitos relacionados a la corrupción durante la pandemia.
Por ejemplo, el 5 de julio del 2021, tras 30 días de audiencia de juicio, un Tribunal dictó sentencia en contra de ocho personas. Todos fueron condenados por el delito de peculado, por la adquisición de fundas para cadáveres y otros insumos médicos en el Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
Según las investigaciones, hubo un sobreprecio al comprar las bolsas para cadáveres. “Hay un incremento superior al 300 % en el precio de esos artículos, lo cual no se justifica”, indicó el Tribunal.
En julio de este año, otras cuatro personas fueron sentenciados por el delito de delincuencia organizada. Las investigaciones apuntan que esas personas se dedicaron a la venta ilícita de insumos médicos con sobreprecio durante la emergencia sanitaria por el covid-19.
Los procesados habrían comercializado un medicamento en las calles Guayaquil, cuyo valor variaba entre USD 400 y 1 200 por ampolla. Según Fiscalía, ese medicamento salió de un hospital público del Puerto Principal, con la complicidad de funcionarios de la casa de salud.
Fuente: El Comercio
