Por ser considerados como pruebas en un proceso penal por peculado, un juez prohibió que sean vendidos. Un peritaje determinó un avalúo de $ 7 millones. Metros de plástico negro los cubren totalmente.
Apenas se logra observar una parte del fuselaje en el que destacan sus denominaciones: FAE-602, FAE-605 y FAE-606. Son los tres helicópteros Dhruv ‘sobrevivientes’ del lote de siete que fueron adquiridos por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en el 2008 por un monto de $ 42,5 millones.
Como si se tratase de un cementerio de aeronaves, los Dhruv permanecen embodegados en un hangar del Ala de Combate n.º 22 de la FAE, en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil, compartiendo espacio con piezas oxidadas de otros equipos, desde el 2015, año en el que la institución resolvió su “paralización indefinida” luego del último de los accidentes en los que se destruyeron los otros cuatro.
Para conservar las naves en buen estado, la FAE señaló que efectúa un riguroso proceso de mantenimiento. Según explicó la institución ante un pedido de información de este Diario, se realizan, entre otras, “tareas básicas de ventilación de los fuselajes (apertura de accesos y compuertas), inhibición de corrosión mediante la aspersión de aceites preservantes, esto desde el 2016, año en que se desmontaron motores y componentes, como palas principales y de cola, transmisión principal, y desmontaje de equipos electrónicos (almacenados en bodega con climatización)”. Además, “en el caso de los motores, al ser un componente de preservación especial, se mantienen en contenedores de presión, temperatura y humedad controlada, en gas nitrógeno… A la fecha y considerando el manual técnico de los motores, los mismos deben ser enviados a un banco de pruebas para posteriormente ser almacenados por otros cinco años”.
Pocas semanas antes de que concluya el anterior gobierno, en abril pasado, el ministro de Defensa Nacional, general Oswaldo Jarrín, anunció que los helicópteros se venderían. El objetivo era concluir el proceso de liquidación del contrato con la HAL, el cual fue terminado unilateralmente por el Ministerio en el 2015.
Inconforme con la decisión ministerial, la firma presentó al año siguiente una demanda contra la institución en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo n.º 1, en la capital, en la que pidió que se declare la nulidad de la terminación unilateral y que se le pague una indemnización por daños y perjuicios por un total de $ 11′071.229,40.
El Tribunal aceptó parcialmente el pedido de la HAL declarando la nulidad, no de la terminación sino de un recurso de apelación interpuesto erróneamente por esta misma. Pero no se pronunció sobre el tema de la reparación económica. La empresa planteó un recurso de casación que perdió. Entonces, en el 2018, quedó en firme la resolución de la terminación unilateral.
La FAE señaló, en sus respuestas a este Diario, que como producto de esta terminación unilateral “se generó una liquidación económica del contrato” basada en el cruce de deudas y multas entre ambas partes; el resultado fue que debía pagársele a la HAL la suma de $ 2′994.181,11.
Fuente: El Universo
