Ocho personas fueron sentenciadas tras el escándalo de corrupción; la reparación integral de $33,4 millones continúa impaga.
Uno está preso, otro cumple arresto en su casa, dos han fallecido y otros cuatro recuperaron su libertad en relación al caso de corrupción Odebrecht. Después de la muerte de Ricardo Rivera, uno de los sentenciados y quien también era tío del ex vicepresidente de la República Jorge Glas, las preguntas apuntan a qué pasará con la millonaria reparación al Estado que deben cumplir como parte de la condena.
El abogado de Rivera, Anibal Quinde, conversó ayer con LA HORA. Dijo que por el momento la familia está “afectada por la pérdida” y todavía no existe un pronunciamiento oficial sobre qué pasos seguir tras el deceso sucedido el sábado último.
Señala que “lo que generalmente procede es que se extingan los expedientes judiciales en su contra” y que el Estado se encargue del cobro de la reparación, que en su caso, llega a $7 millones. El defensor confirmó que no se cubrió nada de ese monto. Rivera, quien había recibido el cambio de régimen penitenciario a semiabierto en diciembre último, portaba un grillete electrónico que ya fue retirado.
El 13 de diciembre de 2017, la justicia ecuatoriana logró el primer fallo contra ocho procesados. La Fiscalía estableció que la constructora brasileña Odebrecht obtuvo contratos con el Estado a través del pago de coimas a exfuncionarios y empresarios. Como reparación, se ordenó a ocho sentenciados pagar $33,4 millones.
Ricardo Rivera falleció por COVID-19, según información de sus familiares. Es la segunda víctima de este proceso que muere bajo estas circunstancias. Édgar Arias, empresario dueño de Diacelec (Ecuador) y de Columbia Management (Panamá), también murió por problemas respiratorios derivados del coronavirus.
La tesis de la Fiscalía indicaba que a través de sus empresas, Arias entregó dinero en efectivo a Rivera. Fue sentenciado a seis años de cárcel y cumplía la condena en la cárcel de Ambato.
No han pagado con la reparación al Estado
De todos los sentenciados, solo Glas, señalado como la persona que recibía las coimas, continúa en la cárcel. Actualmente está internado en la de Cotopaxi y debe cancelar, como parte de la sentencia, $7 millones. Esta medida no la ha cumplido.
Otro procesado tiene arresto domiciliario. Se trata de Ramiro Carrillo, quien fue gerente de Transporte de Petroecuador. En la sentencia se estableció que él suscribió el contrato con Odebrecht para construir el poliducto Pascuales-Cuenca. Las investigaciones señalan que entregó información sobre las bases del concurso a la empresa brasileña, a través de Gustavo Massuh, otro sentenciado.
El abogado de Carrillo, Wilson Velastegui, dijo a este Diario que él continuará detenido en su casa. Esta modalidad de prisión se le otorgó por “los complejos cuadros clínicos que presenta a sus 71 años”.
La Justicia ordenó que cancele cerca de $200.000 como reparación al Estado, pero su defensa aseguró que no lo hará. “Lo condenaron sin ninguna sola prueba. Todo fue una farsa”. Velasteguí señaló que la misma prueba con la que lo sentenciaron en el caso Odebrecht, fue desestimada en otro juicio de supuesto lavado de activos. Por eso, ya preparan otras acciones para “demostrar que es un hombre inocente”.
Quienes están libres
El abogado Gustavo Massuh estuvo preso 11 meses en la cárcel de Cotopaxi. Fue liberado en julio de 2018 tras acceder al régimen semiabierto y completó dos meses de su pena en libertad.
Kepler Verduga, empresario, pidió colaboración con la justicia y recibió 14 meses de cárcel. Estuvo 11 meses preso en la Penitenciaría del Guayas. El 8 de julio del 2018 recuperó su libertad y se benefició del régimen semiabierto.
José Terán es un abogado que colaboró con la justicia y recibió 14 meses de cárcel. Salió en agosto de 2018 tras completar toda su pena.
A ellos se suma Carlos Villamarín, quien trabajó en la Secretaría Nacional del Agua. Él ya accedió a la prelibertad y cumple el resto de su pena de seis años fuera de la cárcel. Según las investigaciones, entregó detalles del proceso de licitación a Odebrecht, para favorecer a la firma en el concurso relacionado con el proyecto Daule-Vinces.
Un tribunal busca conocer cuántos bienes poseen
El 7 de enero último, los jueces Byron Guillén, Felipe Córdova y Javier de la Cadena, quienes conforman el tribunal de ejecución de la pena, emitieron un mandato para que la Procuraduría determine los activos y bienes que poseen cada uno de los sentenciados.
Este paso es necesario para una posterior incautación y venta de los objetos que permitan solventar la deuda. Todavía no se determina la cuantía a la que llegan los bienes y ninguno de los ocho procesados firmó un acuerdo de pago.
El abogado penalista Paúl Ocaña Merino indicó que con la muerte de Ricardo Rivera, todos los procesos legales en su contra se extinguen. En el caso de la sanción económica por Odebrecht, indicó que la sentencia se vuelve un “título ejecutivo” que el Estado puede cobrar.
“Si yo tengo una deuda, la tengo que cubrir con bienes”, señaló. Es la Procuraduría la que debe señalar el número y valor de todo lo que pertenece a los sentenciados.
Fuente: La Hora
