El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún debe aprobar en las siguientes semanas el calendario electoral definitivo para las próximas seccionales. La norma manda a que el cronograma esté definido un año antes de que se celebren los comicios. La fecha tentativa es febrero del 2023.
Según datos de la Delegación Electoral de Pichincha del CNE, actualmente 25 partidos y movimientos constan en el registro de organizaciones políticas y podrían participar en las elecciones. De ellas, 21 son nacionales, tres provinciales y una cantonal.
Sin embargo, la cifra no es definitiva todavía: puede aumentar o disminuir. Primero, porque aún constan en el registro cinco organizaciones nacionales que fueron canceladas por el CNE en noviembre pasado.
Esas agrupaciones apelaron lo dictaminado por el Consejo y su trámite ahora está en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Si este da razón a las organizaciones políticas, deberán ser restituidos sus derechos y podrían sumarse a las elecciones. Si así fuera, los contendientes podrían venir de 26 facciones.
Además, solo en Pichincha existen otras 19 agrupaciones políticas en formación, que tramitan su personería para entrar en la competencia electoral. Estos nuevos grupos tendrían cerca de cinco meses para poder oficializar su conformación.
Entre los movimientos que buscan su inscripción consta Imparables, liderado por el activista Wilson Merino. Este ha aumentado su presencia en redes sociales y ya promete la construcción de un plan de convivencia y seguridad ciudadana para la capital.
Esta gran cantidad de partidos y movimientos hace que el fantasma de la dispersión de candidaturas vuelva a rondar en la arena política. El último antecedente de atomización ocurrió en el 2019, cuando compitieron por la alcaldía de Quito 18 candidatos.
Días atrás, la firma Global Business activó en su cuenta de Twitter una encuesta en donde figuran 15 “perfiles” de personas para el Municipio capitalino.
En el sondeo aparecen personajes como la exconcejal Luisa Maldonado, el exalcalde Roque Sevilla, el exprefecto Gustavo Baroja, la activista Jéssica Jaramillo, el propio Wilson Merino y la concejal de Creo, Luz Elena Coloma, entre otros.
Para Diego Cevallos, integrante de Gobernanza EC, es probable que el número de candidatos por la Alcaldía sea alto. Esto debido al número de tiendas políticas que pueden participar a escala local. Uno de los efectos de esta posible dispersión, añade, es la posibilidad de que gane la Alcaldía un aspirante con una votación porcentualmente baja, en comparación a los registros históricos.
“Eso deriva en problemas de gestión, porque la legitimidad de origen es baja. Y si además no cuenta con un Concejo Metropolitano favorable, se le va a complicar el trabajo”, indicó Cevallos.
Otro elemento a considerar es que, a diferencia de Guayaquil, donde ha existido una hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC), los últimos seis alcaldes de la capital pertenecieron a cuatro organizaciones políticas distintas: Unión Ecuatoriana (Santiago Guarderas, ahora independiente; y Jorge Yunda), Suma (Mauricio Rodas), Alianza País (Augusto Barrera) e Izquierda Democrática (Andrés Vallejo y Paco Moncayo).
Según el reporte de enero de la encuestadora Click, el 80,56% de los consultados desea un cambio de alcalde para la capital en las elecciones del 2023. El analista electoral Alfredo Espinosa cree que el Código de la Democracia “estimula la fragmentación y dispersión política”, al promover sin mayores controles y con requisitos poco eficientes la creación de organizaciones políticas, muchas de ellas de papel.
“Desde esta perspectiva, lo más probable es que tengamos para las elecciones seccionales de 2023 cerca de dos decenas de candidatos disputando las alcaldías de ciudades como Quito”. Para evitar este escenario, los dos analistas coinciden en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos y alianzas que sumen voluntades.
Fuente: El Comercio
