La presidenta de la legislatura presentó una nueva acción de protección en contra de los integrantes del CAL, excepto contra la gobiernista Nathalie Arias
La denuncia por un supuesto incumplimiento de funciones en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, mantiene bloqueada a la legislatura. Desde hace tres semanas no se convoca a una nueva sesión del pleno, para evitar el debate la integración de una comisión multipartidista que investigue a Llori.
Este martes 19 de abril está convocado el pleno, pero para reinstalar la sesión 766, suspendida desde el 24 febrero pasado. Esta inacción de la legislatura está llevando al cansancio de los ecuatorianos, comentó el asambleísta Esteban Torres (PSC), quien presentó la denuncia contra Llori, y en su petición solicita la destitución en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, por incumplir funciones.
Son dos acusaciones que presentó Torres contra Llori: la primera relacionada con un incumplimiento respecto a la apelación de la presidencia realizada el 24 de febrero; y la segunda, incumplimiento sobre la no reinstalación de las sesiones 766 y 759, suspendidas desde febrero. La denuncia fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, el 11 de abril, pero Llori cuestiona su legitimidad.
Torres comentó que si bien no se puede forzar a Guadalupe Llori, para que incluya la calificación de su denuncia en una sesión del pleno y se conforme para comisión multipartidista como lo determina el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa, dijo que analizan la posibilidad de aplicar medidas de hecho como recoger 92 firmas de apoyo para una autoconvocatoria a sesión e hizo un llamado para que en este conflicto interno de la legislatura la justicia no intervenga.
La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, la semana anterior, advirtió que las medidas cautelares a su favor siguen vigentes, y lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Virgilio Saquicela, es incurrir en el presunto delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Que buscan su destitución si respetar el debido proceso y sin causa alguna, por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, para que no se siga vulnerando la ley.
Sostuvo que los asambleístas Virgilio Saquicela (antes de BAN), Darwin Pereira (antes de PK), Ronny Aleaga (UNES) y Johanna Moreira (ID), atropellaron el debido proceso y calificaron una denuncia con errores garrafales y sobre todo sin formularios que el mismo CAL, semanas atrás aprobó como requisito básico para la presentación de las denuncias.
Llori volvió a presentar, el 14 de abril, una nueva acción de protección en contra de los legisladores: Virgilio Saquicela (antes de BAN), Darwin Pereira (antes de PK), Ronny Aleaga (UNES), Johanna Moreira y Yeseña Guamaní (ID). La medida está a cargo de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, aún no existe resolución.
La presidenta de la legislatura insistió que no ha incumplido sus funciones ni atribuciones como presidenta de la Asamblea Nacional, que la denuncia no tiene sustento alguno, ni cumple con los requisitos, y que “no voy a ceder a las agendas propias ni a los caprichos políticos de ciertas bancadas, no me voy a prestar para que desde la Asamblea se repartan el Ecuador, no voy a dar un paso al costado para dejar el camino libre para que intereses ocultos se apoderen de la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, quieren elegir a su propio contralor para tapar sus fechorías y dejar en la impunidad todos los atracos al país, para eso no cuenten conmigo”, subrayó.
El oficialista Juan Fernando Flores (BAN) comparte la tesis de la presidenta de la legislatura de que la sesión del CAL, presidida por Virgilio Saquicela, fue convocada de manera ilegal e irrumpió dentro de los procesos; por lo tanto, no hay claridad jurídica ni validez, por lo que no se podría convocar al pleno a integrar una comisión.
Insistió que tampoco la autoconvocatoria tiene votos desde hace semanas atrás, y si pretenden autoconvocarse para hacer algo ilegal, no participará el BAN, advirtió el legislador de gobierno.
El asambleísta Alejandro Jaramillo (antes de ID) dijo que no se puede demorar más en la conformación de la comisión, tomando en cuenta que ya vencieron los cinco días desde que el CAL calificó la denuncia contra Llori. Pretender bloquear la conformación de la comisión multipartidista es un incumplimiento más de funciones, advirtió.
En cambio, Fernando Villavicencio (CN-PSE), como una solución para destrabar la legislatura planteó que renuncien los siete miembros del CAL, si quieren tranquilizar el Parlamento y acabar con la conspiración permanente, y luego se rearme un nuevo acuerdo parlamentario para elegir a nuevas autoridades.
Desde el correísmo, Ronny Aleaga (UNES) manifestó que ante el estancamiento de la legislatura lo que funcionará es la autoconvocatoria a sesión del pleno y para ello avanzan las conversaciones con los jefes de bancada, a fin de reunir las 92 firmas que se necesita e hizo un llamado a la Izquierda Democrática para que se sume a ese propósito.
Mario Ruiz, separado del bloque Pachakutik, manifestó que una vez más que se puede establecer que Guadalupe Llori hace tabla rasa de lo que dice la Ley de la Función Legislativa que le obliga a cumplir las decisiones del CAL, hoy no hay una voluntad política para dar paso a esa evaluación y se aferra al cargo.
También consideró que la autoconvocatoria es la salida más próxima y si eso no se da se tendrán que tomar otras medidas, porque es visto que no quiere convocar a una nueva sesión porque hay votos suficientes para incluir a debate la integración se espera de la voluntad de los legisladores, y espera que eso suceda en esta semana.
Su coideario Darwin Pereira, también expulsado de Pachakutik, coincidió con el asambleísta Ruiz de reunir las 92 firmas de apoyo para una autoconvocatoria a sesiones.
FUENTE: El Universo
