La presidenta buscará blindarse jurídicamente ante la comisión y baraja actuaciones constitucionales, según el coordinador jurídico Santiago Salazar.
A la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, le quedan pocas horas para presentar las pruebas de descargo ante la comisión pluripartidista que procesa una denuncia en su contra por supuesto incumplimiento de funciones. El plazo vence el sábado 14 de mayo a las 23:59.
Independientemente de la decisión de Llori, sobre acudir o no a presentar los argumentos de descargo a la denuncia formulada por el asambleísta Esteban Torres (PSC), el presidente de la comisión pluripartidista, Pedro Zapata (PSC), convocó a la mesa para este domingo 15 de mayo, a partir de las 09:00, para calificar y admitir las pruebas, además de fijar el día de la audiencia para la práctica de las pruebas y alegatos.
Llori está acusada de incumplir funciones al no dar paso a una apelación a la presidencia presentada el 24 de febrero pasado cuando una mayoría pretendía modificar el orden del día para integrar la comisión de investigación en contra de la máxima autoridad del Parlamento; y la otra acusación se refiere a no incluir antes de los 30 días, en el orden del día de las sesiones del pleno, los temas pendientes de las sesiones 759 y 766, como lo dispone el tercer inciso del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La presidenta de la legislatura durante su discurso emitido en la sesión solemne por la batalla del Pichincha dijo que no se puede permitir que después de más de una década de lucha, intereses particulares quieran regresar al poder para apropiarse del Estado, oprimir al pueblo y llenarse nuevamente los bolsillos con los dineros del pueblo ecuatoriano.
Llori llamó a mantenerse juntos, como se mantuvieron los próceres, para defender las instituciones, las leyes y la democracia.
Sin dar nombres, dijo que es indignante, pero real que la institucionalidad del país está en verdadero riesgo, porque pretenden tomarse por la fuerza las instituciones públicas, tomarse por la fuerza al Estado constitucional de derechos, pretenden tomarse al Ecuador.
Medidas cautelares
El coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, Santiago Salazar, dijo que es facultad de la presidenta decidir si presenta o no las pruebas de descargo ante la comisión pluripartidista. Pero dijo que existen mecanismos jurídicos para enfrentar ese caso tomando en cuenta que su posición es desconocer la legalidad de la conformación de la comisión.
Salazar entiende que la presidenta del Parlamento buscará blindarse jurídicamente ante la comisión pluripartidista, como dejar sentado que desconoce la validez del proceso y al desconocer presenta las pruebas bajo protesta, sin que eso signifique que reconoce la legalidad como tal, y además, podría activar otro tipo de medidas como las cautelares, que son actuaciones constitucionales que podría barajar la presidenta.
El presidente de la comisión pluripartidista ratificó que este 15 de mayo la mesa sesionará en la Asamblea a partir de las 09:00, con ello el proceso de sustanciación avanza y la reunión del domingo precisamente es para calificar las pruebas de cargo y de descargo que deban presentar tanto el denunciante como la denunciada.
Hasta el 12 de mayo, la comisión no recibió ningún tipo de documentación respecto a la denuncia en trámite. El asambleísta Zapata advirtió que si la acusada no presenta ninguna prueba de descargo podrá ser juzgada en rebeldía e incluso se acelerarían los plazos para presentar el informe, porque ya no habría audiencia para la práctica de la prueba por la ausencia de la acusada. Si se presentan las pruebas de cargo y de descargo, la audiencia se instalaría el próximo 20 de mayo y luego el informe.
Dijo que esperan que presenten las pruebas para que el debido proceso continúe y señaló que la presidenta Guadalupe Llori tendrá todas las garantías de que su derecho a la defensa se respetará conforme lo determina la ley.
Zapata comentó que las últimas decisiones judiciales sobre el rechazo de las medidas cautelares presentadas por Guadalupe Llori, y la posición de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, respecto a que no se puede usar la justicia penal para asuntos políticos de la Asamblea Nacional, coadyuvan al trabajo que viene desarrollando la comisión. “De cierta manera nos da tranquilidad en el trabajo, porque ese ruido que se hace fuera de la comisión en su momento puede molestar”, subrayó.
Fuente: El Universo
