Pese a que el Tribunal definió que 25 amicus curiae que perseguían los mismos objetivos, así como también la garantía de los derechos del afectado, debían nombrar un procurador común, al no cumplirse esta disposición la misma Sala decidió que uno de los solicitantes sea el procurador común de ese grupo. Otras cinco personas que mantenían un caso similar sí nombraron, de entre ellos, a un procurador común. El procurador común sería quien exponga los argumentos de los solicitantes a quienes representa.

Como amicus curiae también participarán un representante de la Coordinación de Asesoría jurídica del Ministerio de Salud Pública y Manuel Peñafiel a quien no se le aceptó la calidad de veedor del proceso, pero sí podrá intervenir como tercero interesado.

La norma explica que cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido al expediente hasta antes de la sentencia. De creerlo necesario, los jueces podrán escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado.

 

Independientemente de los criterios que se puedan señalar desde los amicus curiae planteados como ayuda o guía para los juzgadores, los jueces Caicedo, Franco y Camacho deberán valorar los argumentos que presente Édison Loaiza, abogado de Glas y quien representó a Nicole Malavé, solicitante del habeas corpus a favor de quien formó binomio con Rafael Correa, y los apelantes: el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado (PGE).

Estas dos instituciones públicas aseguran que existen suficientes elementos para revertir el habeas corpus que permitió que Jorge Glas deje el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, en el que se encontraba cumpliendo dos sentencias en firme por actos de corrupción. El objetivo de esta apelación, han señalado, es que Glas retorne a la cárcel a completar sus penas de seis años de prisión por asociación ilícita y ocho años por el delito de cohecho pasivo agravado determinado en el caso Sobornos.

En cambio, Loaiza piensa que se debe ratificar lo decidido por el juez constitucional Moscoso, pues no se ha violentado ninguna norma o regla para otorgarlo.

El expediente del caso al momento contaría con 20 cuerpos, es decir, más de 2.000 fojas. Se prevé que a la diligencia en Santa Elena asistan seguidores de Glas y simpatizantes de la Revolución Ciudadana. (I)