El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó para el próximo martes 28 de junio a las 11:00 para reinstalar la sesión
Denuncias sobre presiones, amenazas y la constante exposición de videos respecto a los enfrentamientos de manifestantes con la fuerza pública en los 14 días de paralización, fue la tónica del segundo día de debate en la Asamblea Nacional que tendrá que resolver el pedido de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso.
La reinstalación de la sesión 782 se produjo a las 16:20, con la presencia vía telemática de 137 asambleístas, inmediatamente arrancó el debate con el legislador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Gruber Zambrano, quien denunció que la legisladora de UNES, Viviana Veloz, pidió que se lo declare persona no grata para Santo Domingo de los Tsáchilas, por no estar de acuerdo en derrocar al gobierno de Guillermo Lasso, por no apoyar a la violencia. Que él es una persona de paz y de diálogo, que es la vía para conseguir las propuestas.
El legislador Patricio Cervantes (CREO), denunció ante el pleno que minutos antes de su intervención un grupo de personas del pueblo Caranqui acudió a su domicilio en la ciudad de Ibarra con pancartas y gritos con la finalidad de presionar sobre la decisión que debe tomar la Asamblea y que no solo le pasó eso a él, sino también a su coidearia Blanca Sacancela, representante de Pichincha, y que hubo personas que intentaron ingresar a su domicilio.
Es importante que el país conozca cómo se está presionando para torcer la voluntad de los asambleístas, recalcó Cervantes, pero que por más gente que envíen a presionarlos en sus viviendas atemorizando a sus familias, no permitirán un golpe de Estado “por un grupo de mafias aliadas al narcotráfico y el narcoterrorismo que quieren destruir el orden técnico”, anotó.
Ramiro Frias, de la bancada de la Izquierda Democrática denunció que recibió llamadas telefónicas y mensajes de texto exigiendo que vote por la destitución del Presidente de la República, pero que no lo hará porque es partidario de defender la democracia y la institucionalidad.
Que el Ecuador tiene identificados a los desestabilizadores, que ya nadie los quiere, que en los últimos días los asambleístas de UNES, querían aprovecharse de las manifestaciones de la Conaie; que su bancada defenderá la institucionalidad y que no se prestará para insinuaciones desestabilizadoras.
Su ex coideario Alejandro Jaramillo anticipó que no existen los votos para aplicar el 130 de la Constitución al Presidente de la República, por lo que propuso suspender la sesión y se espere que el Gobierno responda a los diez puntos que reclama la Conaie.
Moción
Desde el lado de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), intervinieron Marcela Holguín, Juan Lloret, José Vallejo, Paola Cabezas, Fernando Cedeño, José Agualsaca y Luisa González; ellos, insistieron a la sala que en sus manos está la salida democrática frente a los pedidos de los sectores sociales que demandan nuevas condiciones de vida.
Cedeño presentó la moción para aprobar la resolución para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, contenida en 31 fojas y que propone cinco artículos, donde a más de la destitución, por una grave crisis política y conmoción interna, dispone notificar a todas funciones del Estado y convocar de inmediato a Alfredo Borrero, para que tome posesión y juramento del cargo de Presidente de la República.
Tras el análisis de los hechos, en el proyecto de resolución se incluye cuatro conclusiones, una de ellas señala que “el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República, no ha podido probar la inexistencia de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, evidenciada por la real ocurrencia de los acontecimientos que atentan gravemente en contra de la seguridad, la institucionalidad, el ejercicio de una convivencia normal de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos constitucionales que en suma provocan una profunda alarma social, como se sustenta en la presente Resolución, situación que se agrava por la conflictividad política y la crisis de legitimidad del primer mandatario, expresada en el descontento social, la desconfianza, desaprobación y desconocimiento de los representantes políticos y autoridades de las diversas funciones del Estado, lo cual se expresa finalmente en las acumuladas y reiteradas huelgas, protestas públicas y movilizaciones populares”.
Que la derogatoria del estado de excepción a través del Decreto Ejecutivo No. 461, como acto propio, resulta insuficiente para superar la causal determinada para la aplicación del numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República, toda vez que tanto los hechos materiales constitutivos como sus efectos se mantienen vigentes y configuran, en sus diferentes niveles de valoración, vulneraciones a derechos contemplados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
Pachakutik dividido
La bancada de Pachakutik en su mayoría se pronunció por estar junto a la protesta social y a través de los legisladores Joel Abad, José Chimbo, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla anticipó que votará por la aplicación del artículo 130 de la Constitución, y este grupo de legisladores pidió al Gobierno que cumpla con las diez demandas que realiza el movimiento indígena. Rechazó el discurso oficialista que vincula a las organizaciones indígenas como aliadas del narcotráfico.
Este sector político reprochó la régimen por las agresiones recibidas a quienes están en las protestas, que hubo excesos por parte de la fuerza pública lo cual ocasionó muertos y heridos.
Se conoció que al menos cuatro legisladores de esta bancada votarán en contra o se abstendrá en la moción de destitución del primer mandatario.
En cambio, el grupo de Pachakutik rebelde a través de los asambleístas Mario Ruiz y Patricia Sánchez, ratificaron que su voto será a favor de la destitución y también denunciaron los excesos de parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Mario Ruiz señaló que pueda que no haya los votos para destituir al Presidente de la República, pero que el pueblo seguirá en las calles y anunció que los crimines que se cometieron durante la protesta social no quedarán impunes.
El segundo día de debate, la sesión se prologó por siete horas y se suspendió a las 23:20 y el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, convocó para el próximo martes 28 de junio a las 11:00. Dijo que se ofició al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sobre información que dijo presentó como defensa a las motivaciones de la solicitud de destitución.
Fuente: El Universo
