Toainga sostienen que, en calidad de legisladora, Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea a través de terceros, dineros que habrían sido destinados a solventar gastos personales como el pago de tarjetas de crédito, la compra de un vehículo, paquetes de viaje y alícuotas de un inmueble en Quito de la exlegisladora.
Para sustentar esa tesis, hasta el momento se han presentado testigos como Verónica Pinargote quien explicó que a pesar de percibir un sueldo de $ 2.781, solamente conservaba $ 400. El restante del dinero, indicó la acusadora particular, lo entregaba en efectivo en el domicilio de su entonces jefa.
También intervino de forma personal Freya Orellana, empleada doméstica de Arteaga; Luis I., quien dijo haber entregado $ 100 en efectivo mientras trabajó como asistente en la Asamblea en 2017; Nabrid Medina, guardia de seguridad que indicó al Tribunal que entregó $ 40 por cuatro meses para conservar su puesto de trabajo; Andrea U. fue otra testigo de Fiscalía que refirió que a ella se le pidió $ 75 como aporte al movimiento político al que pertenecía Arteaga, entre otros.
José Moreno, abogado de Karina Arteaga, presentó también sus pruebas para descartar las acusaciones de Fiscalía y asegurar que es inocente de lo que se le acusa. Él señaló que financieramente o contablemente la acusación no ha logró probar nada en contra de la exlegisladora por Manabí por la alianza Unidad Primero-Alianza País.
Lo más probable es que el Tribunal de Juzgamiento escuche los alegatos de cierre y suspenda la audiencia para que sus integrantes: Daniella Camacho (ponente), Luis Rivera y Byron Guillén, de la Corte Nacional, ingresen en una fase de deliberación antes de decidir si emite una sentencia condenatoria contra las procesadas o resuelve un sobreseimiento para una o las dos investigadas.
El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) refiere sobre el delito de concusión que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
