Comparecencias de autoridades del Gobierno, la Policía y la Fiscalía constan como los primeros asuntos en la agenda de la Asamblea. Esto, tras el receso legislativo que arrancó el 12 de septiembre y termina este lunes 26.
El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (ind.), aseguró esta mañana que no se busca “politizar” lo sucedido con la abogada María Belén Bernal. El 11 de septiembre pasado la mujer fue asesinada y desaparecida de la Escuela Superior de la Policía.
“Para mí es un caso del Estado como tal. La Asamblea tiene la obligación de fiscalizar, dentro del marco que establece la Constitución”, adujo.
Señaló que el Parlamento tiene la atribución de ejecutar un proceso de control político para determinar si existen o no responsabilidades dentro de este ámbito. Mientras que a la administración de justicia le corresponderá determinar a los culpables, cómplices, encubridores y demás.
Además, Saquicela envió un oficio al presidente Guillermo Lasso para que convoque a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional por esta causa. El legislador demandó una reestructuración de la Policía.
Los convocados
Para este martes 27 y miércoles 28 se tienen programadas las sesiones 799 y 800 del Pleno. La primera prevé arrancar, a las 13:00, con la comparecencia de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, cuyo asesinato y desaparición en la Escuela Superior de Policía conmocionó al país, el pasado 11 de septiembre.
Para la sesión del miércoles, a las 10:00, fueron convocados al Pleno el exministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero; el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas; secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez; secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y, la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Interrogantes
Además, estas autoridades fueron convocadas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Deberán presentarse a las 15:00 del martes 27. Su presidente, Alejandro Jaramillo, descarta que haya una duplicidad de esfuerzos.
“Cuando acuden o han acudido al Pleno de la Asamblea las autoridades lo único que han hecho es exponer los temas. En este caso, en las comisiones especializadas nosotros podemos consultar, interrogar, lo que no se da en el Pleno, porque así es el procedimiento”, adujo.
Jaramillo manifestó que las autoridades deberán aclarar las dudas en relación a este caso y definir acciones para que no se vuelvan a repetir estos hechos.
Sostuvo que la fiscal Diana Salazar deberá responder por qué el fiscal a cargo de la investigación no formuló cargos en contra del teniente Germán Cáceres, esposo de Bernal y principal sospechoso del crimen, que ahora está prófugo de la justicia.
“¿Por qué Cáceres entró y salió por tres veces de la Escuela Superior de la Policía, y hasta tuvo tiempo para despedirse? Son esas cosas que nosotros vamos a pedir que nos absuelvan las autoridades”, anotó.
El legislador catalogó de tardía a la respuesta del Gobierno frente al crimen. “Ninguna disculpa, ninguna nota de pesar nos devolverá a María Belén. Creo que la mejor forma de honrar a su memoria es la no impunidad”.
Saquicela, sin embargo, manifestó que en el Pleno de la Asamblea se debatirá una resolución para que el control político de esta causa vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo y Pachakutik.
Otros temas
Entre los primeros temas a tratar en el Pleno también constan el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales respecto a los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022; y, el segundo debate de las reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, para la Adecuación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial correspondientes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
En relación al juicio político de la Judicatura, Saquicela mencionó que tiene hasta 30 días de plazo para convocar al Pleno a una nueva votación, una vez que este procedimiento quedó inconcluso el 8 de septiembre.
Durante la vacancia se suspendieron los plazos para el trámite de leyes y juicios políticos como el que está pendiente de sustanciación en contra de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Fuente; El Comercio
