Activistas quieren que misión de la CIDH venga al Ecuador.

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Catorce organizaciones de Derechos Humanos, indígenas, juristas y académicos llevaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones sobre la situación de los pueblos indígenas y de la independencia judicial en el país en dos audiencias de una hora.

Un poco antes de que estas empezaran, el secretario del organismo, Emilio Álvarez Icaza, anunció a las agencias internacionales de noticias que el Estado ecuatoriano no enviaría a ningún representante.

Se trata del tercer periodo de sesiones consecutivo en el que Ecuador deja vacío el asiento del Estado en esas audiencias.  La primera sesión, en la que hubo nueve expositores, se refirió a los indígenas.

Verónica Yuquilema, vocera de Inredh, señaló que el Estado ha excluido de todo tipo de recursos al sistema de justicia indígena y ha optado por deslegitimarlo; incluso, dijo, el propio presidente Rafael Correa ha señalado que “son prácticas bárbaras e intolerables”. En cambio, Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la Ecuarunari, afirmó que para el Gobierno el movimiento indígena es el “mayor obstáculo”, por ello se aniquila la educación bilingüe y se desmantela la justicia indígena.

A su turno, Patricia Carrión, del grupo YASunidos, denunció que el Estado ecuatoriano no otorgó las garantías necesarias para convocar a la consulta popular sobre la explotación del crudo del Parque Yasuní. Y relató todo el proceso de intimidación y las campañas de boicot pagados con recursos públicos que, a su juicio, enfrentaron.

La segunda audiencia versó sobre una supuesta falta de independencia de la justicia.

El director del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, Enrique Herrería, denunció que habría una politización de la justicia derivada de la selección de jueces afines al Gobierno; esto, a criterio de los peticionarios, se inició con la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ) en el 2011.

Herrería agregó que el sistema disciplinario judicial aplicado por la Judicatura se ha transformado en “una herramienta para sancionar a jueces” que no adecúan sus decisiones al poder Ejecutivo, lo cual funciona como un amedrentamiento.

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