Salazar, en la certificación afirma que el informe presentado es extemporáneo, por tanto, es “improcedente la presentación del documento ingresado a través del Sistema de Gestión Documental DTS 2.0, a fecha 09 de noviembre de 2022″.
Interpretaciones
Frente a la preclusión para la presentación del informe e iniciar el juicio político a los consejeros del Cpccs, existe más de una posición política.
El interpelante del juicio a los siete consejeros del Cpccs, Ricardo Vanegas (Pachakutik), señala que con el envío del informe de la Comisión de Fiscalización el día 9 de noviembre, operó la preclusión que es el vencimiento del plazo para que los actos procesales puedan sustanciarse en la siguiente etapa, de tal forma que el bloque al que representa se siente perjudicado por las actuaciones en la sustanciación del juicio.
Afirmó que, con los resultados obtenidos, el pleno de la Asamblea Nacional no puede entrar a resolver nada, porque los plazos precluyeron como lo certificó el mismo secretario del Parlamento.
Ricardo Vanegas comentó que los juicios políticos se resuelven con base al informe que presente la Comisión de Fiscalización, pero como no existe informe ni de posesiones ni de recomendación del juicio, el Parlamento no puede resolver nada más que el archivo.
En el sector del correísmo y el socialcristianismo realizan los cálculos para tomar una decisión, y ambos pretenden reunir 70 votos para aplicar el último inciso del artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que en la parte pertinente señala que: “si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta Ley.
Pero la activación del juicio político no será a los siete sino a quienes actualmente tienen la mayoría en el Cpccs: Herán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñan y Francisco Bravo, aunque este último entró a negociaciones políticas con el correísmo y socialcristianismo en su afán de esquivar la censura y destitución.
Pero esta salida que se plantea desde UNES y PSC, es refutada por el legislador Vanegas, en razón de que no se presentaron los informes de posiciones dentro de los plazos establecidos y conforme lo establece la norma; por lo tanto, qué va a discutir y resolver el pleno, preguntó.
El asambleísta, Esteban Torres (PSC), manifestó que la preclusión del plazo es solo para el envío del informe de mayoría que fue aprobado el 9 de noviembre con cinco votos, donde se recomendó el juicio político a los siete consejeros del Cpccs.
Por lo tanto, ese informe de mayoría no tiene validez jurídica y lo único que va a tener es un informe de posturas. Y si no existe ese informe, los integrantes de la mesa de Fiscalización tendrán que remitir directamente al presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, su posición frente al juicio.
En tanto, que en el Cpccs, se avanza con los proceso de designación del Contralor del Estado, del Consejo Nacional Electoral y del Defensor Público, a través de las comisiones ciudadanas de selección. Esos procesos no pueden paralizarse en razón de lo que señala la normativa y en caso de hacerlo, conllevará responsabilidades económicas y de control por parte de la Contraloría del Estado.
En el caso de la designación del Contralor del Estado y del Defensor Público, a partir de este 14 de noviembre y hasta el 20 de noviembre, inicia el proceso de postulación candidaturas, donde la ciudadanía podrá inscribirse.
Acusaciones
Cuatro legisladores de Pachakutik presentaron dos solicitudes de juicio político en contra de los consejeros: Sofía Almeida, David Rosero, Juan Dávalos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa. Pero tras una resolución, la Comisión de Fiscalización resolvió unificar el proceso.
Fueron cinco los cargos presentados en contra de los acusados, y éstos tenían relación con:
- Ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de Superintendente de Ordenamiento Territorial.
- Arrogación de funciones por aprobar la reforma del reglamento para elegir al Contralor General del Estado.
- Remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo.
- Designación como Defensor del Pueblo a César Córdova.
- Designación de Pablo Iglesias como Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Fuente: El Universo
