La Fiscalía pidió la pena máxima del delito de delincuencia organizada para Pablo Celi y Pablo Flores, más la agravante por haber sido funcionarios públicos.
Luego de sustentar los alegatos de cierre por más de 1 hora y 45 minutos, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal de Juzgamiento del caso Las Torres, la tarde de este miércoles 7 de diciembre, que al excontralor subrogante Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, se los condene a 13 años y 4 meses de cárcel por ser autores del delito de delincuencia organizada.
Salazar explicó en la parte final de su exposición que al haberse demostrado la materialidad de la infracción y la responsabilidad de Pablo Celi y Pablo Flores, la institución solicita que se declare la culpabilidad y se les imponga el máximo de la pena determinada en el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su modalidad agravada conforme el artículo 47, numeral 19, del mismo COIP, pues mediante la prueba documental se comprobó la calidad de funcionario público de ambos procesados.
Mientras que para Esteban Celi, hermano del excontralor, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones, la fiscal Salazar solicitó la pena máxima determinada en el segundo inciso del artículo 369 del COIP, esto es siete años de cárcel al haber cometido acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada.
También pidió la Fiscalía que se tome en cuenta la agravante determinada en el numeral 19, del artículo 47 del COIP a los procesados Natalia Cárdenas y Mauricio Orellana, pues debido a las pruebas documentales se demostró que tenían la calidad de servidores públicos. Ante ello, para ambos se solicitó la pena de nueve años de prisión.
Finalmente, para la acusada Martha Barrezueta, al haberse acogido a la figura de cooperación eficaz, Salazar solicitó que se le imponga una pena reducida en el 90 %, es decir, una pena de seis meses de privación de la libertad.
En lo que tiene que ver con la multa, la Fiscalía pidió para los líderes de la organización que se defina el pago de 40 salarios básicos unificados (SBU), mientras que para los colaboradores 20 SBU. Para Barrezueta se pidió la cancelación de 2 SBU como multa.
Respecto a la reparación integral, la fiscal Salazar solicitó se pague a favor de la Procuraduría General Estado, por concepto de indemnización material, la cantidad de $ 4 millones, los cuales serán cancelados de manera proporcional por todos los partícipes de la infracción, a excepción, dijo, de Martha Barrezueta, por su calidad de colaboradora eficaz.
A más de los valores establecidos, la fiscal general pidió que a Pablo y Esteban Celi se les imponga el pago de $ 500.000, valor que habría sido entregado a los hermanos por la empresa Nolimit C.A. por concepto de desvanecimiento de glosas.
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En cambio, en lo que tiene que ver con el exgerente Flores, Diana Salazar en nombre de la Fiscalía pidió al Tribunal que imponga, a más de los valores ya establecidos, pague la cantidad de $ 336.000 por la entrega de dineros de la empres Nolimit por concepto del pago de planillas menores. La fiscal explicó que esta cantidad incluye los $ 40.000 entregados a través de la procesada Martha Barrezueta.
En lo referente a la reparación integral inmaterial, con la finalidad de reparar la reputación y credibilidad de las instituciones y empresas del Estado ecuatoriano solicitó que el Tribunal disponga a las máximas autoridades de la Secretaría de la Presidencia de la República, de la Contraloría General del Estado (CGE) y de Petroecuador se promueva a través de todos los canales de comunicación la existencia y el uso de buzones de transparencia que debe poner cada institución a disposición de la ciudadanía en general.
Como medida de satisfacción orientada a la disculpa y al reconocimiento de los hechos y la responsabilidad, la Fiscalía solicitó se imponga a todos los sentenciados la colocación de una placa en la Secretaría de la Presidencia, en la CGE y en Petroecuador. El texto de las placas deberá ser establecido por los integrantes del Tribunal de Juzgamiento.
Adicionalmente se solicitó se imponga a todos los sentenciados la obligación de publicar la sentencia en las páginas web de la Secretaría de la Presidencia, de la CGE y de Petroecuador, así como la publicación de la parte resolutiva de las sentencias en tres medios de comunicación escrita de amplia difusión durante siete días a escala nacional y las disculpas públicas en la fecha y hora que serán convocadas por el juez de ejecución.
“La sociedad confía en que ustedes (jueces del Tribunal de Juicio) hagan justicia”, concluyó la fisca general, Diana Salazar.
Al momento la diligencia continúa con la exposición de los alegatos de cierre que plantea Tannia Silva, en representación de la Procuraduría General, una de las dos instituciones públicas que acuden al juicio como acusadoras particulares. Luego vendrán los abogados de la empresa pública Petroecuador y finalmente las once defensas de los procesados.
Fuente: El Universo
