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Maduro se enfrenta a un nuevo pico de protestas por los bajos sueldos en Venezuela

Nathali Quimis
11 Min. de Lectura
Miles de trabajadores toman las calles de varias ciudades del país y convocan nuevas movilizaciones por la pérdida de poder adquisitivo. Algunas corrientes aliadas del chavismo participan en las marchas

 

2023 no comenzó para Nicolás Maduro con las buenas expectativas de 2022. Hace un año se vislumbraba el fin de la hiperinflación y un repunte de la producción petrolera. Hoy la sombra hiperinflacionaria ha vuelto a aparecer y la meta de llegar a un millón de barriles diarios, muy por debajo incluso de lo que alguna vez produjo Venezuela, se quedó entre los asuntos pendientes. En la conversación cotidiana el aumento de precios genera preocupación entre los venezolanos y asombro entre los que volvieron para pasar las fiestas con sus familias después de haber emigrado del que ahora es uno de los países más caros de la región. Enero comenzó con una oleada de manifestaciones de sectores de la administración estatal por los sueldos y la crisis económica.

 

Venezuela cerró el año 2022, de acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, con una inflación anualizada de 305,7%, la más alta de la región y del mundo, mientras el bolívar se devaluó un 73% frente al dólar que ya domina casi toda la economía, aunque de manera informal. El salario mínimo fue fijado en marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (que equivalen hoy a unos siete dólares), por lo que se necesitan más de 50 sueldos mínimos para cubrir la canasta alimentaria que está cerca de los 400 dólares. Esto es lo que perciben gran parte de los trabajadores públicos y más 5,3 millones de pensionistas y jubilados.

 

“Nos han dado un golpe en el bolsillo y en el estómago. Tiene que haber un salario mínimo, una pensión y un sueldo que rescate el poder adquisitivo de la masa laboral. Solo así entendemos que puede haber una recuperación económica”, dice con preocupación Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, que a los 76 años, después de dedicar su vida a la administración pública, no tiene cómo costear los exámenes para operarse una catarata que ha aparecido en uno de sus ojos.

 

Desde el pasado lunes, miles de trabajadores, profesionales, obreros y técnicos, vinculados al magisterio, al sector salud, a los sectores siderúrgicos y metalmecánico, a la administración pública, a las universidades autónomas y también los pensionistas y jubilados se han manifestado simultáneamente en todo el país para demandar la dolarización de sus ingresos y el adecentamiento de sus condiciones de trabajo. La respuesta de los agremiados a las convocatorias ha sorprendido a sus propios organizadores, en un momento político particularmente indiferente luego del debilitamiento de la presión opositora. Para este lunes está convocada una nueva jornada nacional de movilización, y otra una más ambiciosa para el 23 de enero, una fecha de enorme valor simbólico en la política venezolana, en la cual quedó derrocada la última dictadura militar en Venezuela en 1958 para ser instaurado un régimen democrático y consultivo en el país. Fecha que el chavismo también celebra y reivindica como propia.

 

“En manifestaciones de protesta donde antes acudían unas 50 personas como mucho, ahora se están presentando hasta 900″, afirma Víctor Márquez, dirigente gremial y miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. “El magisterio se ha incorporado a las protestas, así como el sector de la salud, que antes solo convocaban las universidades. Ha carburado un malestar que existe y se ha generalizado”.

 

El ingreso mensual de los maestros está entre los 20 y 24 dólares. El regreso a clases este enero ha estado marcado por las protestas e inasistencia de los docentes. Hace unos días un enfurecido grupo de manifestantes salió de la Universidad Central de Venezuela y bloqueó la principal autopista de Caracas exigiendo salarios dignos. Algunos sectores de la izquierda, tradicionales aliados del chavismo, como el Partido Comunista de Venezuela, están convocando y participando en las protestas, que hasta el momento han sido pacíficas.

 

El economista José Guerra destaca que durante 2022, incluso con las sanciones, el Gobierno duplicó sus ingresos por el aumento del precio del petróleo tras la guerra de Rusia en Ucrania y un leve aumento de la producción petrolera hasta unos 700.000 barriles diarios, luego de llegar a sus mínimos históricos en 2021. Aun así, Maduro maniobra con una economía que no termina de despuntar y que ha experimentado una recuperación artificial, especialmente en el sector comercial, apalancado de las importaciones, que tiene poca tracción hacia el resto.

 

La recuperación petrolera tiene una ventana de oportunidad con las licencias otorgadas por Estados Unidos a Chevron y una posible apertura de licencias a otras compañías, pero que tendrán que revertir años de desinversión, corrupción y malos manejos de la industria. “Está claro que el país no se ha curado de la hiperinflación. Tener una inflación por encima del 25% durante tres meses seguidos te pone en ese camino de nuevo. Y eso que no ha habido un aumento salarial todavía. Lo que está haciendo el Gobierno es un ajuste fiscal muy sesgado en contra del trabajador”.

 

La molestia en los sectores laborales del país por sus ínfimos ingresos llevaron a una serie de desencuentros en los últimos meses. El chavismo ha sustituido el salario por pequeñas bonificaciones unilaterales que asigna a través del carnet de la patria, como la que este domingo recibieron los docentes por el Día del Maestro en la víspera de la gran protesta convocada para este lunes. Los desacuerdos con el denominado “instructivo Onapre”, que colocaba límites a los aumentos salariales, en julio del año pasado, irritaron más a la dirigencia sindical del sector público, que argumenta que el Ejecutivo viola convenciones colectivas. Seis dirigentes sindicales permanecen detenidos luego de las protestas de entonces, acusados de conspiración y asociación para delinquir.

 

El propio Nicolás Maduro se ha disculpado con los trabajadores y ha declarado que la masa laboral del país debe comprender “los efectos del bloqueo y la guerra económica de la oligarquía” que ha tenido que enfrentar su Gobierno, argumentando que, por el momento, no podía autorizar aumentos. “Por la guerra económica retomada por algunos sectores desde Miami, tuvimos una fuerte perturbación en la tasa cambiaria. Estamos conscientes y actuando”, se excusó durante la entrega de su Memoria y Cuenta hace unos días.

 

Algunos colectivos armados organizados y entrenados por el chavismo han grabado videos que circulan en las redes sociales, en los cuales lanzan serias advertencias a los manifestantes sobre los límites de su conducta y el riesgo que enfrentan si siguen protestando. También se han generado protestas masivas en los portones de las empresas del polígono industrial de la Corporación Venezolana de Guayana, productoras de acero y aluminio, una zona controlada por los sindicatos del chavismo desde hace años. En la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, las protestas se extendieron por 48 horas. Un grupo de trabajadores exaltados tomó uno de los complejos industriales, en un episodio en el cual se produjeron nueve detenciones de dirigentes sindicales que fueron posteriormente liberados.

 

El aumento en las convocatorias callejeras está poniendo a algunos dirigentes a trabajar apuradamente en alguna plataforma colectiva, en un frente civil comprometido con las reivindicaciones sociales, desgajado de los partidos. “Hay recalentamiento de las calles en Venezuela, demandas laborales represadas, con los docentes y los trabajadores de la salud a la vanguardia”, afirma Samuel Pérez, sociólogo y miembro de Apucv. “Pero este es un movimiento con serios problemas en materia de coordinación”, agrega. “Las asistencias han sido espontáneas. Hay movilizaciones por necesidades materiales, pero nada respecto a un programa o un plan estructurado.”

 

El Gobierno de Maduro tiene compromisos pendientes con la Organización Internacional del Trabajo, con quien aceptó reunirse el año pasado, después de reiteradas denuncias de violaciones a las contrataciones colectivas y encarcelamientos de líderes sindicales. La instalación de una mesa técnica de salario mínimo fue una de las recomendaciones que hizo el organismo, aunque todavía no se ha concretado. A finales del año pasado, la patronal empresarial Fedecámaras propuso un incremento de esta remuneración entre 200 y 300 dólares, una solicitud inusual en este sector, con miras a que el aumento del consumo tenga su efecto en el crecimiento económico. A finales de este mes, representantes de la OIT volverán al país a retomar las conversaciones en una serie de encuentros en la isla de Margarita. El Gobierno deberá presentar avances en medio de una nueva escalada de conflictividad.

Fuente: El País

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Asistente de Producción Digital de Radio Centro
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