La semana del 19 al 23 de septiembre uniformados se vieron involucrados en situaciones irregulares que fueron difundidas por los medios de comunicación.
¿Crisis institucional? ¿Son los oficiales de alto rango cómplices o encubren los ilícitos de sus subordinados? ¿Hay corrupción generalizada? Son parte de muchas interrogantes que retumban en la opinión pública respecto a tres acontecimientos reñidos con la Ley, ocurridos la semana del 19 al 23 de septiembre, en los que están involucrados uniformados de la Policía Nacional, la institución llamada a velar por la paz y seguridad ciudadana.
El crimen de la abogada María Belén Bernal, confirmado el miércoles por el Gobierno como femicidio, es sin duda el caso de mayor resonancia por el desenlace que tuvo. Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) Ecuador llamó al Estado a reforzar la protección de las mujeres y la respuesta contra todas las formas de violencia, mediante acciones concretas, incluyendo capacitación, protocolos y recursos suficientes.
El miércoles 21, los restos de la mujer de 34 años, que dejó un hijo en la orfandad, fueron hallados enterrados en el cerro Casitagua, cerca de la Escuela Superior de Policía, adonde ingresó el domingo 11 de septiembre, día desde el que no se supo más de ella hasta que la encontraron sin vida.
Germán Cáceres, policía, instructor de dicho centro y esposo de la ahora occisa, es el principal sospechoso por este delito y actualmente está prófugo de la justicia.
A este caso, por el cual el país hizo noticia a nivel internacional, se suman otros dos no menos preocupantes: un policía (vestido de civil) fue captado agrediendo a una mujer en el malecón de Vinces, provincia de Los Ríos. Los curiosos viralizaron el video en redes sociales, pero en el sitio al menos en los instantes grabados nadie reaccionó para auxiliar a la mujer.
El martes 20, la Policía confirmó que, en efecto, el agresor pertenece a las filas de la institución. Indicó que dispuso que el Departamento de Asuntos Internos realice las acciones administrativas para que el infractor sea sancionado y este suceso no quede impune.
“La Policía Nacional del Ecuador ratifica su compromiso permanente de velar por la seguridad de la ciudadanía y orden público en todo el territorio nacional”, se indicó en un comunicado.
La noche del lunes 19, tres policías en servicio activo fueron detenidos para investigaciones tras intentar ingresar casi 500 municiones a uno de los pabellones del Centro de Privación de Libertad de Latacunga.
La Fiscalía informó que los agentes serán procesados por presunto delito de tráfico de municiones, y que pese a que se solicitó prisión preventiva contra los uniformados, un juez de Garantías Penales les dictó prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.
Por el caso citado inicialmente, el de María Belén Bernal, la ciudadanía ha cuestionado tanto los discursos de funcionarios gubernamentales (en el contexto de la violencia de género) como la reacción en sí de las instancias involucradas en el tema (proceso investigativo), cuyas principales cabezas se han lanzado acusaciones recíprocamente, en medio del dolor y de la avidez de respuestas de los familiares de la víctima, cuyos restos fueron sepultados este viernes 23 en el camposanto Monteolivo.
En representación del Gobierno central, el ahora exministro del Interior Patricio Carrillo pidió perdón al país por este suceso el cual, además, tildó de vergonzoso, pues la desaparición de la abogada se dio en un recinto de formación policial. En su reemplazo, el sábado 24, Juan Zapata fue anunciado como nuevo titular de la cartera del Interior.
Al momento hay 12 sumarios administrativos abiertos contra policías, quienes podrían ser vinculados al proceso y tener prisión preventiva. También se procesa a la cadete Joselyn S., quien es la única persona detenida hasta ahora por el suceso que produjo que este viernes el presidente Guillermo Lasso pida la desvinculación de la institución policial de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce.
El mandatario pidió, además, a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas.
Pese a las medidas adoptadas en este y otros casos, desde la ciudadanía hay quienes creen que las sanciones a los uniformados que tendrían algún tipo de responsabilidad deberían ser más ágiles.
Nathaly Pernett, abogada en libre ejercicio, explicó que en la parte administrativa los servidores policiales se rigen por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), normativa que contiene 66 tipos de faltas (leves, graves y muy graves). Los procedimientos para destituir a un uniformado en caso de incurrir en una causal para ello no son cortos, añadió.
En los últimos cuatro años, indicó ella, se han presentado 30.000 denuncias en contra de policías, de las cuales el 13 % terminó en sumario administrativo y de esta cifra el 2 % terminó en la destitución de uniformados.
No obstante, sostuvo la abogada, cuando se trata de delitos como el femicidio de María Belén Bernal lo administrativo no interfiere, sino que puede abonarse como una prueba más en el proceso penal. De ahí que considera que de la correcta administración de justicia depende que este y otros delitos no queden en la impunidad.
“La única forma en la que empecemos nosotros a creer en el sistema de justicia es en el momento en que deje de haber impunidad. Mientras la impunidad campee seguiremos siendo el segundo país en Latinoamérica en donde ser mujer es lo más riesgoso que puede pasar”, señaló.
Paulina Araujo, abogada penalista, cree que el problema no es de leyes ya que en este caso el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los delitos son por acción u omisión. Ella mencionó que lo que falta son políticas públicas en materia de prevención.
“Educación, buena formación, niveles culturales educativos de igualdad de derechos. Pero si el propio Estado, a través de voceros, desconoce la normativa nacional e internacional y han tenido la inoportuna manera de afirmar que el caso de la colega Bernal es crimen pasional, cuando el caso de la colega Bernal es un delito y grave, se llama femicidio. Y los delitos graves no son un problema entre marido y mujer, son un problema social que nos afecta a todos”, enfatizó.
Araujo recalcó que tan responsable del femicidio de María Belén Bernal es quien la estranguló como quienes teniendo el deber jurídico de socorro no la auxiliaron.
“Esto está sometido a las autoridades de justicia, Fiscalía investigará, luego, posteriormente, acusará, pasará a un juez que dice auto de llamamiento a juicio y, finalmente, será un tribunal de garantías penales el que determine quiénes cometieron el delito, la pena a imponerse”, expresó.
Y sobre lo ocurrido en Vinces, donde un policía agredió a una mujer en el malecón, Araujo refirió que se evidencia una especie de descomposición social en el momento en que hay más interesados por grabar el hecho que en lugar de ayudar a la mujer.
“La gente prefiere el morbo de grabar algo que asistir a una víctima. Y duele ver que agentes del orden que deberían cuidarnos y tener férrea formación en derechos humanos se están convirtiendo en los agresores”, puntualizó la profesional del derecho y agregó que el cometimiento de delitos ha aumentado considerablemente a nivel general.
Fuente: El Universo
