La falta de un acuerdo para elegir al nuevo vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), genera fuertes discrepancias entre sus integrantes.
Por cuatro ocasiones, la institución no ha podido llenar el cupo pendiente. La más reciente ocurrió el pasado martes, cuando 3 de los 4 vocales quisieron llegar a un entendimiento para elegir a uno de los integrantes de la terna, enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Sin embargo, a la hora de sufragar, el presidente encargado, Hernán Ulloa, se abstuvo. Como era necesario su voto, ya que los 3 miembros restantes del pleno faltaron, no prosperó la elección.
Para María Fernanda Rivadeneira, vocal del CPCCS, “priman intereses personales y políticos” en este tema. Unos vocales se ausentan y otro se abstiene.
Rivadeneira lamentó que Ulloa, a pesar de los múltiples llamados de atención, no explique las razones de su abstención. Ni siquiera permitió buscar un acuerdo, ya que prefirió dar por terminada la sesión del martes, en lugar de solo suspenderla.
El tema es preocupante, dice Rivadeneira, puesto que varios de los consejeros, incluyéndola, pidieron licencia para buscar la reelección, lo cual deja todo en manos de los alternos.
Tenemos la obligación legal y moral de elegir al nuevo vocal, que será también el presidente, ya que Ulloa mantiene un encargo durante 11 meses, anotó la vocal.
Estos desacuerdos generaron que la Corte Constitucional, exija que en 24 horas como máximo, el CPCCS le remita un informe sobre las causas de que no haya elegido al vocal restante.
Rivadeneira advirtió que Ulloa se toma atribuciones que no le corresponden. Por ejemplo, pedir a título personal una nueva terna al Consejo de la Judicatura, cuando eso solo lo puede hacer el pleno.
Hasta tanto, los 3 vocales de minoría siguen faltando a las sesiones, pero cobrando puntualmente sus salarios.
Ulloa reemplazó en la presidencia a Sofía Espín, que fue destituida. Ella, a su vez, llegó al cargo tras la destitución de Christian Cruz, censurado por la Asamblea Nacional en octubre del 2020, tras comprobarse que había obtenido un carnet de discapacidad del 81%, con el cual alcanzó beneficios y exoneraciones tributarias.
Cruz, pese a su supuesta deficiencia auditiva, practicaba artes marciales a alto nivel, y además tenía licencia de conducir “E”, apta para vehículos pesados. Por ello la Asamblea consideró que no tiene probidad moral.
