Como “arbitraria y sin fundamento”. Así catalogó la bancada de la Izquierda Democrática (ID) a la decisión del consejo ejecutivo de esta organización política de separar de sus filas al coordinador, Marlon Cadena; al subcoordinador, Rodrigo Fajardo; y a Yeseña Guamaní.
Cadena manifestó este lunes 14 de noviembre que hasta el momento no han sido notificados sobre la resolución hecha pública por la cúpula de la agrupación política, que argumenta el incumplimiento de decisiones.
El legislador dijo a EL COMERCIO que la dirigencia pretendió imponer un cambio en la coordinación de la bancada y precisó que a sus asambleístas les corresponde hacer una renovación conforme al art. 120 de la Ley Legislativa.
“Obviamente nosotros, dentro de nuestro ejercicio parlamentario, tomaremos decisiones para poder hacer uso de la defensa, de los mecanismos que legalmente y constitucionalmente nos asisten. Tampoco vamos a hacer como que no ha pasado absolutamente nada”, acotó.
Reunificación fallida
Según Cadena, la reunificación del partido no ha sido porque “no se siguió nunca una hoja de ruta ni el proceso de conciliación de los asambleístas”, que se dividieron en votaciones que dieron paso a la remoción de Yeseña Guamaní como vicepresidenta de la Asamblea, el fallido juicio político a la Judicatura, entre otras.
En la bancada de la ID, 10 asambleístas actúan de manera orgánica y cinco como el excoordinador, Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, Xavier Santos y Lucía Placencia, son considerados disidentes.
Otras acciones
La bancada de la ID ratificó su respaldo a Cadena y Fajardo como coordinador y subcoordinador, respectivamente. Mientras, la dirigencia de la ID reconoció como jefe de bloque al asambleísta Ramiro Narváez con unos lineamientos para “ejercer una oposición responsable“.
Además, el comité ejecutivo instruyó a su presidente nacional, Enrique Chávez, y al asambleísta Alejandro Jaramillo, para que “inicien los procesos disciplinarios y legales pertinentes ante los órganos de control de la ID y la Fiscalía General del Estado contra aquellos ciudadanos que se han tomado atribuciones ilegítimas en representación del partido”.
Fuente: El Comercio
