El otorgamiento y el incumplimiento de medidas cautelares han ofuscado a los presidentes de estos dos poderes del Estado.
La actual pugna entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por la destitución de consejeros y la titularización de sus suplentes no solo pasa por el marco constitucional o penal, sino que se ha vuelto incluso personal, ya que los presidentes de los dos entes, Virgilio Saquicela y Hernán Ulloa, respectivamente, se han enfrascado en una serie de acusaciones y epítetos que así lo demuestran.
Saquicela ha acusado a Ulloa de “aferrarse a su cargo” y de tratar de “manosear” la justicia para evitar su destitución.
En entrevista con Ecuavisa dijo que la presentación de quince acciones constitucionales, siete de ellas en La Concordia, confirman la “desesperación de Ulloa”.
”No se puede manosear la justicia en este país para ir en contra del Poder Legislativo hasta que caiga un juez que, entre comillas, me dé la razón. Hay desesperación del señor Ulloa y compañía de permanecer en el cargo. No han sido capaces de designar autoridades durante tanto tiempo y se están yendo en contra de una autoridad del Estado como es la Asamblea. No podemos permitir la intromisión de la justicia y hemos rechazado aquello”, indicó.
Sin embargo, Ulloa se defiende y acusa a Saquicela de incumplir una decisión de autoridad competente al convocar al pleno legislativo para posesionar a nuevos integrantes de ese organismo y desconocer los recursos legales a su favor.
Además, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue la actuación del presidente de la Asamblea. ”Como el presidente del CPCCS, no voy a permitir que el presidente de la Asamblea pase por encima de mi cabeza afectando la autonomía del CPCCS. Lo que nosotros debemos acatar son las resoluciones judiciales del control constitucional”, indica a EL UNIVERSO.
Añade que él, junto con los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, han sido sometidos a un proceso político nulo, porque dentro —según él— no se respetaron los tiempos para la presentación de informes para el juicio político.
”Cuando me paré en el atril y le pedí al secretario que me indique bajo qué informe estamos siendo enjuiciados políticamente y hubo un silencio de cinco minutos y luego la respuesta fue que no hay informe”, señala como evidencia.
Afirma que las acusaciones de Saquicela son “absolutamente” falsas y que ha presentado solo una acción de protección en la provincia de Pichincha, cuya audiencia se realizará el 7 de diciembre. No obstante, “cualquier ciudadano que conozca de la afectación puede presentar una acción de protección, pero nosotros no tenemos participación alguna (de las que han sido presentadas en La Concordia), ya que han sido presentadas por ciudadanos, incluso, legisladores”.
Sobre la razón de presentar una denuncia contra Saquicela en la Fiscalía pese a saber que el legislador tiene inmunidad parlamentaria, Ulloa indica que toda acción debe iniciarse con la denuncia, y es el fiscal que conocerá la causa el que utilizará los recursos legales correspondientes para solicitar el retiro de la inmunidad, en caso de ser necesario.
Añade que la “noticia del delito” en este caso es el incumplimiento por parte de Saquicela de las medidas cautelares concedidas que ordenan que se suspenda cualquier tipo de proceso que se relacione con la destitución y censura de los consejeros.
Para Ismael Quintana, abogado y constitucionalista, esta pugna es netamente política y demuestra que “dos bandos” se están peleando, más que el CPCCS, la designación de autoridades consideradas clave.
”La destitución de Ulloa se hizo de forma correcta. Sin embargo, el otorgamiento de medidas cautelares también fue de forma correcta, y es una decisión poca ortodoxa del presidente de la Asamblea de no acatar. Aunque es claro que en el país existe un uso indebido de la justicia constitucional para tratar de zanjar problemas netamente políticos. Esto ha pasado en los casos de Jorge Yunda, Guadalupe Llorri, Jorge Glas… Ulloa mismo se hizo de la presidencia del CPCCS vía acción de protección”, señala.
El experto opina que lo que correspondía de forma jurídica era que el Legislativo pidiera la revocatoria de la medida cautelar; pero en el país se antepone la política al derecho, en especial para poder designar autoridades.
”Acá no hay, como se dice de lado y lado, una defensa de la institucionalidad o un Estado de derecho, sino un interés político de dos bandos para saber quién designa contralor, presidente de la Judicatura, defensor del Pueblo, función electoral”, dice Quintana.
A pesar de ello, Saquicela y Ulloa afirman que ellos no responden a “ninguna” bandera política y que la actual pugna que tienen es para que se respete la institucionalidad.
“No tengo ningún recelo respecto de acciones que se me puedan plantear. Yo estoy por defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional, el Estado de derecho de este país; que se respete la no intromisión de poderes en los otros poderes. Ellos están simulando funciones y tendrán que ir a juicio y ser sancionados en el momento oportuno”, dice Saquicela.
En tanto que el presidente del CPCCS ha afirmado que se mantendrá en el cargo y que esperará la audiencia el próximo 7 de diciembre.
Según el Código Integral Penal (COIP), la usurpación y simulación de funciones públicas (delito del que acusa Saquicela a Ulloa) tiene una sanción de pena privativa de libertad de uno a tres años. En tanto que la sanción por “incumplir una decisión de autoridad competente”, por la que fue denunciado Saquicela, de acuerdo con la misma normativa, también es de uno a tres años de prisión.
Irrespeto a las medidas cautelares
El constante incumplimiento de las medidas cautelares por parte de funcionarios públicos se debe a las irregularidades que se han cometido para ser generadas, indica el jurista Quintana.
Además, la Corte Constitucional (CC), desde el 2019, ha señalado que no cabe demandar el incumplimiento de resoluciones de medidas cautelares constitucionales, por lo que la Asamblea, en varias ocasiones, ha determinado no cumplir esta figura, ya que no enfrentan ninguna responsabilidad por no acatar.
A esto se añade que la destitución de funcionarios por el incumplimiento de sentencias solo lo hace la CC, pero este procedimiento solo se realizó una vez y en el 2009.
Fuente: El Universo
