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Expectativa empresarial ecuatoriana ante la Ley de Incentivos a la Producción

Victor Gonzalez
3 Min. de Lectura

Como una señal positiva. Hasta ahí llega la interpretación de los empresarios, luego de que el viernes pasado el Ejecutivo envió a la Asamblea, con el carácter de económico urgente, el proyecto de Ley de Incentivos a la Producción.

La iniciativa contiene varias exoneraciones y medidas de aliento tributario a las nuevas inversiones, así como restricciones a escudos fiscales.

El objetivo del presidente Rafael Correa es lograr más inversiones privadas que, sumadas a las del Estado, sirvan para atenuar el impacto de la caída del precio del petróleo. “(La ley) generaría un mayor ingreso para las arcas fiscales, lo cual permitiría financiar el Presupuesto General del Estado”, sostuvo Fausto Herrera, ministro de Finanzas, en el proyecto.

El presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, Richard Martínez, destacó la exoneración para nuevas inversiones, el cálculo del anticipo sin contar la revalorización de activos y los convenios de estabilidad tributaria. Si bien son temas atractivos para hacer negocios, los empresarios quieren más precisiones. Por ejemplo, saber cómo se va a cumplir con los convenios de estabilidad tributaria o si se puede bajar el compromiso de inversión, establecido en $ 100 millones.

Lo que no cayó bien a los industriales fue el alza del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a los cigarrillos y la eliminación de los gastos de publicidad de la comida chatarra del monto que será deducido ante el Servicio de Rentas. En el caso del tabaco, Martínez indicó que el alza es del 40% del impuesto y que ese encarecimiento provoca contrabando desde Colombia y Perú. “No se afecta al hábito, sino que se reemplaza a la industria nacional”.

De igual modo, su preocupación es la industria de la comida rápida, pues “no se debe estigmatizar a los productos, sino modificar los hábitos de consumo con una dieta o actividad física”, indicó.

Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial, el proyecto de ley debe enmarcarse en políticas más amplias que promuevan la inversión. “Si el Gobierno quiere enviar una señal en el sentido de impulsar la inversión privada, es positivo, pero debe guardar coherencia. Además, como que se ha demorado demasiado. Esperemos a ver cómo se ejecuta”, dijo.

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