El tema de que el nuevo ministro del gobierno de Guillermo Lasso tuviera vinculación con dicha empresa se difundió en el medio de comunicación español Público, cuya publicación indicaba que Santos no reportó ser beneficiario de la empresa en la declaración juramentada correspondiente para su nuevo cargo.
Sin embargo, Santos dijo que no le correspondía realizar la declaración porque no era dueño ni accionista. Explicó, no obstante, que se desvinculó de dicha empresa, de la cual era director, en el 2020; pero insistió formalmente en su renuncia el 28 de octubre pasado, previamente a la declaración juramentada y a la posesión oficial. “Lo hice por delicadeza, pese a que como no era accionista no tenía obligación de declararla como activo personal”, aseguró.
El ministro aseguró que se quiere hacer “una tormenta en un vaso de agua: estoy dos días en el cargo, no me pueden acusar de nada”. Explicó que como abogado ha creado varias compañías para clientes. Uno de aquellos clientes le había pedido crear una empresa en las Bahamas y que Santos y algún familiar suyo fuesen parte del Directorio. “Ya he renunciado a ese cargo”, sostuvo.
Aseveró además que llama la atención que los autores de la publicación hayan utilizado datos del 2017, es decir, datos desactualizados. En todo caso, dijo que ya ha pedido un certificado a las autoridades de las Bahamas sobre su no vinculación a la empresa.
El ministro precisó que no tiene cuentas en paraísos fiscales. “A duras penas una chiquita en el Banco Pichincha”. De acuerdo con Santos, esta denuncia la hace un periodista español cercano a los correístas y afirmó que “los correístas tienen tentáculos en muchos países”.
De acuerdo con el relato de Público, el ministro y una pariente serían beneficiarios finales de la empresa. Muestran un documento del 4 de mayo de 2017 en que se enlistan los nombres de los directores. El medio español sostiene que Santos no incluyó este punto en la declaración juramentada que realizó el pasado 31 de octubre. El periódico cita a Ramiro Aguilar, quien ha actuado como abogado de la correísta Paola Pabón, diciendo que “la declaración juramentada debe incluir todos los activos del funcionario, incluyendo las participaciones en sociedades dentro y fuera de Ecuador. Si se omite ese dato, hay falsedad en la declaración, y eso es delito en nuestro país”.
También entrevista a Mauro Andino, quien asegura que entre las posibles sanciones contempladas por vulnerar la Ley de Servicio Público –emanada de una consulta popular celebrada en febrero de 2017 bajo el impulso del gobierno de Rafael Correa– se encuentra “la pérdida del cargo público representativo”, y según el medio: “Ello supondría la renuncia obligada de Santos al cargo de ministro”.
Fuente: El Universo
