Fernando Villavicencio enfrenta otra queja de la legisladora correísta Pamela Aguirre, quien pidió se lo suspenda por tachar de mafiosos a la bancada de UNES.
La jueza de Pichincha Soledad Manosalvas estará a cargo de resolver la acción de protección con medida cautelar interpuesta el viernes último por el asambleísta Fernando Villavicencio contra cinco integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que votaron a favor de la suspensión del legislador independiente por 31 días.
Entre los accionados están el presidente, la primera y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, Marcela Holguín y Darwin Pereira, respectivamente, y los vocales Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, y Ronny Aleaga, de los registros de Unión por la esperanza (UNES).
La asambleísta del movimiento oficialista de CREO, Nathalie Arias, se abstuvo de votar, mientras que Johana Moreira, de la Izquierda Democrática, no participó en la sesión del CAL.
La acción constitucional de Villavicencio, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización, fue interpuesta un día después (el 11 de noviembre pasado) de que la mayoría del CAL aceptaron la queja presentada por la correísta Patricia Núñez, legisladora que acusó a Fernando Villavicencio de haber emitido expresiones de descrédito en su contra.
