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Jorge Glas vuelve a salir de una cárcel sin cancelar la reparación económica que debe entregar al Estado por actos de corrupción condenados

Por: Radio Centro 101.3 FM

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Ultima actualización: 2022-11-30 13:51:28

El exvicepresidente Jorge Glas salió de la Cárcel 4, en Quito, el lunes último, por medidas cautelares definidas por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Al igual que sucedió el 10 de abril pasado, cuando Jorge Glas dejó el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, debido a un habeas corpus resuelto en Manglaralto, provincia de Santa Elena, el 28 de noviembre pasado el exvicepresidente volvió a dejar un CPL sin haber cancelado nada de los $ 8. 2 millones que él debe pagar al Estado ecuatoriano como reparación integral.

El lunes último, por tercera ocasión en poco más de siete meses, el líder correísta obtuvo una boleta de excarcelación para permitirle que salga de la cárcel y cumpla fuera de prisión lo que le resta de sus penas en firme por asociación ilícita (seis años) y por cohecho pasivo agravado (ocho años).

Por los actos de corrupción cometidos en su paso por la Función Pública, la justicia ecuatoriana en la causa por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht a Jorge Glas le ordenó que repare al Estado con $ 7.5 millones; mientras que en el cohecho del caso Sobornos 2012-2016 se le impuso una pena de $ 778.224 como autor mediato por instigación.

En esta oportunidad, la decisión de que Glas deje la cárcel para que cumpla su pena en libertad provisional -la cual estará vigente hasta que un juez de Garantías Penitenciarias disponga lo contrario- la dispuso como juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo, al aceptar las medidas cautelares autónomas solicitadas a favor del exbinomio presidencial de Rafael Correa.

Glas dejó la conocida Cárcel 4, en Quito, para cumplir las medidas cautelares de presentación periódica cada ocho días en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, y la prohibición de salida del país.

Según el juez, su decisión buscaba precautelar los derechos del hombre fuerte de los Sectores Estratégicos del correísmo, pues, desde su análisis, existía una demora que persiste en el trámite para dar cumplimiento a los beneficios penitenciarios que habría solicitado desde hace algún tiempo la defensa de Glas, Edison Loaiza. Esos beneficios eran la pena única de las dos en firme, para lograr la prelibertad.

 

El que Jorge Glas salga de la cárcel sin pagar un solo centavo de reparación económica al Estado, para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, no significa nada más que en el país se han articulado a lo largo de su historia normas, leyes y reglamentos vinculados con la estructura del poder, que en más de una oportunidad ha estado al servicio de la delincuencia organizada de cuello blanco que ha ejercido el poder político.

“Estos delincuentes tienen la posibilidad de cometer sus fechorías en medio del silencio y la impunidad. (…) El delincuente sabe que provoca el asalto, que se lleva los recursos del pueblo ecuatoriano y que puede luego salir a disfrutarlos. Jorge Glas tiene una deuda con el país de más de $ 8 millones y no ha pasado nada. En el caso de Álex Bravo ocurrió exactamente lo mismo. Eso nos demuestra que es indispensable buscar mecanismos urgentes para que este tipo de delincuentes salgan siempre y cuando hayan pagado un porcentaje importante de lo que adeudan”, reflexiona Rodas.

Tribunales de Juzgamiento de la Corte Nacional condenaron en la causa por asociación ilícita a ocho personas, incluido Glas, al pago de un total de $ 33.3 millones y por delincuencia organizada se sentenció a 20 personas, las cuales deben completar un pago total de $ 14.7 millones. En este último caso, parte de la lista de condenados, además del exvicepresidente, están el expresidente Rafael Corresa, exministros y exasambleístas del correísmo, diez empresarios y dos exfuncionarias de la Presidencia de la República.

Lo que si no se le deberá hacer cuenta a Glas como reparación integral al Estado, es lo definido como parte de la pena de primera instancia en el caso Singue. En ese caso se condenó al exsegundo mandatario a ocho años de cárcel como coautor y a pagar un porcentaje de los $ 5 millones que entendieron los jueces fue la afectación para las arcas del Estado.

El 10 de noviembre pasado, los jueces nacionales Luis Rivera, Daniella Camacho y Felipe Córdova, de roma unánime, resolvieron declarar la nulidad procesal de todo lo actuado en la causa Singue, a partir de la solicitud de formulación de cargos hecha por la Fiscalía General e ingresada en la Corte Nacional el 12 de febrero de 2019. Con ello la pena personal y pecuniaria quedó anulada para Glas y otros seis beneficiados, entre ellos, el exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

Quien acudió como acusador particular de Jorge Glas en la causa Odebrecht, César Montúfar, no entiende cómo las instancias encargadas de vigilar los recursos públicos y de investigar los temas penales no han avanzado en el procesamientos de otros hechos denunciados que podrían relacionarse con actos de corrupción.

Recordó Montúfar que incluso los mismos jueces de la Corte Nacional que participaron en los casos Odebrecht y Sobornos, en sus sentencias indicaron que la Fiscalía debe investigar otros hechos que podrían ser ilícitos, los cuales se desprenden de los expedientes judiciales por asociación ilícita y cohecho.

Desde la Procuraduría General se ha insistido que continuará con la ejecución de las sentencias contra el exvicepresidente y no cejará en sus acciones para recuperar el “dinero en los casos de corrupción”. Esto independientemente de lo que ocurra con las acciones constitucionales presentadas o los temas de garantías penitenciarias que aún están por resolverse.

Fuente: El Universo 

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