En redes sociales promocionó la candidatura presidencial de Andrés Arauz. Publicó fotografías con los colores del partido político y colocó frases como: “mi voto es por Andrés (Arauz)” y “el 11 de abril regresa la esperanza. Andrés Arauz, presidente”.
Siete meses después de esos mensajes se convirtió en juez de Guayaquil y hoy es indagado por otorgar un hábeas corpus al cabecilla de Los Choneros, una de las mafias más poderosas del país.
El Consejo de la Judicatura lo ha suspendido y analiza su accionar. Pese a eso, el magistrado dice que quienes lo señalan como correísta quieren decir es que es garantista. “Mi formación profesional va de la mano con mis actuaciones judiciales. Yo no tengo por qué cambiar mi garantismo y mi forma de entender el derecho por ser juez”.
No es el único juez que ha beneficiado a personas sentenciadas por crímenes o delitos de corrupción.
La Judicatura tiene una lista de jueces que están siendo evaluados por estos hechos. La información se mantiene en reserva, pero en esa nómina también figura el juez que otorgó la libertad del exvicepresidente Jorge Glas.
El magistrado, quien trabajaba en Manglar Alto (Santa Elena), también fue suspendido de sus funciones. En su expediente se revela que en noviembre del 2017, el mismo magistrado permitió a Glas que acudiera vestido de traje a su juicio por el caso Odebrecht. Esos antecedentes son analizados para posibles sanciones definitivas.
Un problema estructural
Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, no basta con las suspensiones. Para él, los vínculos políticos que tienen los jueces es un problema estructural que se debe cambiar de raíz y para esto se tiene que formar concursos más transparentes para elegir magistrados.
Él recuerda que, en el 2017, los miembros de la Comisión Anticorrupción también fueron víctimas de los nexos entre jueces y políticos. Una juez los sentenció a cárcel y al pago de una indemnización por calumnias contra el entonces contralor del Estado, Carlos Pólit.
“Han pasado años de ese episodio; fuimos condenados por decir que Pólit era un corrupto y ahora está preso en EE.UU. por los mismos actos de corrupción. Nunca sancionaron a la jueza que nos sentenció”, dice Rodas.
Organismos de Derechos Humanos también han hablado de los nexos de magistrados con políticos. Marco Jurado, representante de la Inccadi, advierte que para obtener prelibertades de personas de bajos recursos económicos tardan al menos cuatro meses. Por eso, no entiende cómo hay jueces que tramitan con tanta rapidez solicitudes de personas como el excontralor Pablo Celi, quien también es procesado por corrupción”.
El funcionario continúa en prisión actualmente, pero ya se ha admitido la revisión de una posible revisión a la prisión preventiva.
Trato diferenciado
“Nosotros tenemos 10 casos de señores viejitos que van un año buscando prelibertad y nada. Hay una jueza en Cotopaxi que de 10 prelibertades nos niega ocho. Eso refleja la desigualdad que existe en este país”, dice Jurado y añade que detrás de estos fallos judiciales a favor de corruptos y criminales hay pactos políticos. Esto ya se ha señalado en la Asamblea y las acusaciones han llegado hasta al Gobierno, aunque todas han sido desestimadas por el mismo presidente Guillermo Lasso.
Antinarcóticos también ha confirmado que el poder económico de las mafias también está detrás de los fallos judiciales polémicos. Ellos señalan que cabecillas de organizaciones narcodelictivas tienen un conglomerado de abogados que se encargan de conseguir los beneficios. En el último año, al menos seis cabecillas de bandas han sido liberadas.
La Judicatura ha señalado que para evitar esto se está conformando la selección de jueces anticorrupción y de crimen organizado. Los magistrados gozarán de protección adecuada y entrarán en funciones a finales de este año.
