Tras un breve debate, en el que intervinieron seis legisladoras, el Pleno de la Asamblea aprobó este jueves 17 de noviembre el informe elaborado por una comisión ocasional que investigó el asesinato de la abogada María Belén Bernal.
El documento fue aprobado con 96 votos a favor de 103 asambleístas presentes, en la sesión 812 del Pleno. Esto, a poco más de dos meses del crimen ocurrido en la Escuela Superior de la Policía.
La investigación de la comisión ocasional, de la que no participó el oficialismo, estableció que existe responsabilidad estatal, no solo por lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, sino por los actos posteriores a este hecho, incluyendo la falta de diligencia en la vigilancia del sospechoso, Germán C. y su posterior huida.
Según el informe, existiría responsabilidad política desde el propio presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; el exministro del Interior, hasta el Comandante General de Policía.
Entre las recomendaciones a la Asamblea Nacional, la Comisión planteó llevar a juicio político a los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores; y, al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Este informe y sus anexos servirán como insumos para los juicios propuestos en contra de Carrillo.
Además, sugirió una reforma el Código Orgánico Integral Penal (Coip), en materia de feminicidio, que permita visibilizar algunas circunstancias que hoy no constan en la normativa, así como una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
La mesa recomendó remitir el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se conceda una audiencia en la próxima reunión para tratar este caso. También a la Relatoría de Derechos de las Mujeres de dicho organismo y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas.
Igualmente, planteó designar a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para que realice un seguimiento trimestral de este expediente. En un plazo de 180 días deberá entregar un informe para conocimiento del Pleno.
Entre las recomendaciones al Presidente de la República consta la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos y la creación de un Ministerio que cuente con todo el respaldo político y económico que permita desarrollar políticas de Estado para la prevención y erradicación de la violencia de género. También, la separación del comandante general de la Policía, Fausto Salinas.
Fuente: El Comercio
