Durante 31 días, el ambiente político se caracterizará por la promoción de posturas por tres opciones electorales que se juntarán el 5 de febrero del 2023.
La antesala de la jornada de votaciones del 5 de febrero del 2023 se caracterizará por una campaña electoral dividida en tres tipos: para la promoción de las propuestas de los candidatos a los gobiernos locales; de aquellos que aspiran a alcanzar las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); y, para las organizaciones sociales y políticas que promoverán el Sí o el No al referéndum de enmienda a la Constitución.
Pero no podrán recibir aportes, contribuciones o entrega de recursos de origen ilícito, tampoco pueden aceptar aportes de personas naturales nacionales que tengan contratos con el Estado.
No se permite a los servidores o instituciones públicas utilizar recursos y bienes para promocionar sus nombres y el de organizaciones políticas en obras o proyectos.
A propósito de la campaña para la promoción de las opciones por el Sí y No del referéndum, el Consejo Electoral aprobó un Fondo de Promoción Electoral que asciende a $ 807.002, que serán distribuidos para seis agrupaciones de la sociedad civil.
El Consejo Electoral calificó a los movimientos Creando Oportunidades (CREO) lista 21 y Avanza lista 8, quienes promoverán el Sí a las ocho preguntas de enmienda constitucional.
Por el No están el movimiento Unidad Popular (UP) lista 2, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) lista 17, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) lista 5 y la agrupación social Unión General de Trabajadores (UGTE).
Respecto de la elección de las autoridades de los gobiernos seccionales, se registraron alrededor de 9.000 candidatos, para lo que el CNE definió un monto de alrededor de $ 12 millones para el Fondo de Promoción Electoral (recursos del Estado) para difundir propaganda en medios de comunicación.
En el caso de los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, su promoción electoral tiene prohibiciones específicas.
La Ley del CPCCS permite solo al CNE difundir a través de spots promocionales sus nombres, trayectoria y propuestas; por lo que se prohíbe a partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, funcionarios públicos, candidatos o ciudadanos realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ellos.
Tampoco pueden “recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El que contravenga estas disposiciones será descalificado”, señala la norma.
Los medios de comunicación tampoco pueden hacer promoción directa o indirecta que incida a favor o en contra de un candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política.
