El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, justificó la necesidad de la consulta popular, planteada por el régimen para el 5 de febrero próximo, paralelamente a las elecciones seccionales.
Jiménez defendió en especial la primera pregunta, acerca de la posibilidad de permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos a otros países, siempre y cuando estuvieran implicados en crimen organizado transnacional.
El ministro advirtió que así como las bandas criminales de varios países, llegan a acuerdos para delinquir con mayor eficiencia, corresponde a los estados colaborar en su detención y sanción. Y una de esas herramientas es la extradición, que no es más que colaboración internacional.
Esta figura sería aplicada para personas implicadas en tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos y otros delitos graves, cometidos en otros países, o que de alguna manera afecten al estado que solicite la extradición.
Actualmente, Ecuador tiene firmados acuerdos de extradición, pero por razones constitucionales no puede entregar a los ciudadanos detenidos en nuestro territorio.
El ministro también destacó la pregunta, que otorgaría mayor poder a la Fiscalía General del Estado, y que permitiría agilizar su trabajo.
Jiménez recordó que, de acuerdo al censo recuente, en el país tenemos a 31.809 presos. Muchos de ellos aún esperan sentencia, o caso contrario su libertad, y los procesos no pueden avanzar porque la Fiscalía no se alcanza.
De ahí la necesidad de dotar a esta institución de mayores recursos y elementos, para que pueda trabajar con mayor eficiencia.
