Un tribunal de El Salvador ha condenado a penas de entre 269 y 325 años de cárcel a dos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por su responsabilidad en el asesinato de siete personas, entre ellas cuatro soldados, en un ataque perpetrado en 2016 en la localidad de Ilopango, según ha confirmado la Fiscalía salvadoreña.
“Tras una investigación bien formulada y con pruebas irrefutables, la Fiscalía logró condenas de 325 y 269 años de cárcel para dos pandilleros de la MS-13 que participaron en el homicidio de 7 víctimas, entre ellas, cuatro soldados asesinados en el 2016, en la colonia Vista al Lago, Ilopango”, ha dicho el organismo a través de un comunicado publicado en su página web.
Así, ha detallado que Henry Alonso Romero Rosales ha sido condenado a 325 años de cárcel, mientras que Miguel Antonio Díaz Saravia ha sido sentenciado a 269 años de prisión, al tiempo que ha subrayado que ambos fueron detenidos durante el “régimen de excepción” decretado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ante el incremento de la inseguridad en el país centroamericano.
La Fiscalía ha detallado que los cuatro soldados asesinados se trasladaban hacia su destacamento militar cuando “abordaron el bus equivocado y fueron interceptados por los pandilleros, quienes los obligaron a abandonar la unidad de transporte, los privaron de libertad y posteriormente los asesinaron”. “Sus cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas“, ha resaltado.
Bukele anunció a finales de noviembre la puesta en marcha de la “Fase 5” de su Plan de Control Territorial de lucha contra las pandillas, que permitirá a las Fuerzas Armadas del país encontrar y “extraer” a supuestos delincuentes en grandes ciudades. El plan del mandatario es el de exportar a nivel nacional cercos militares como el que llevaron a cabo en la localidad de Comasagua, de 15 000 habitantes, pero esta vez en ciudades y municipios más grandes.
El presidente salvadoreño, que se presentará a la reelección en 2024, ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a la organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad.
Fuente: El Comercio
