Una polémica se acaba de desatar tras la decisión del Estado de reversar el contrato cuyo plazo vence el 31 de diciembre del 2022.
El Ministerio de Energía inició la reversión del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación los bloques 16 y 67 que estaban en manos de Repsol y que luego pasaron, a través de una venta de acciones en el exterior, a New Stratus Energy (NSE). A su vez, esta última pasó más tarde a llamarse Petrolia.
En el oficio MEM VH 2022 0515 OF, fechado el 11 de noviembre de este año, el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín, comunicó a Ramiro Oswaldo Páez Rivera, apoderado de Petrolia, que el “plazo de vigencia de dicho contrato es el 31 de diciembre del 2022″.
El viceministro cita, entre otras normas legales y constitucionales, el artículo 29 de la Ley de Hidrocarburos que indica que al término de un contrato de exploración y explotación por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa ocurrida durante el periodo de explotación, el contratista o asociado deberá entregar a la Secretaría de Hidrocarburos “sin costo y en buen estado de producción los pozos que en tal momento estuvieran en actividad, y en buenas condiciones todos los equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones y demás muebles e inmuebles que hubieren sido adquiridos para los fines del contrato; así como trasladar aquellos que la Secretaría señale a los sitios que ella determine”.
Espín señala en su carta que el Ministerio el 3 de octubre, el 18 de octubre y el 30 de octubre -mediante varios oficios- le ha solicitado a la empresa brindar las facilidades necesarias, conforme lo establecen los contratos suscritos, a fin de que los servidores delegados por parte del Ministerio, en particular de EP Petroecuador, ingresen a los bloque 16 y 67 para realizar la verificación y contratación de los bienes, equipos e instalaciones y de su operatividad.
Y que la empresa privada “no ha permitido el ingreso del personal de le empresa pública a los bloques”. En este sentido, el Ministerio reitera el pedido para así “dar cumplimiento al cronograma y hoja de ruta establecido en el proceso de reversión”. También se les invita a una reunión de trabajo el próximo 16 de noviembre, a las 09:00, para tratar el tema del proceso de reversión.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, la decisión del Ministerio es correcta, pues ampliar el contrato como pretende la empresa representaría para el país un perjuicio de $ 2.000 millones.
Ramiro Páez Rivera, apoderado de Petrolia Ecuador, contestó la comunicación del Viceministerio indicando que, según su parecer, lo que le corresponde al Ministerio en este momento es dar paso a la conformación de una comisión negociadora para proceder con la migración contractual. “El Ministerio siempre tuvo pleno conocimiento de que nuestro interés e intención están orientados a solicitar la ampliación del plazo de los contratos, cambio de modelo contractual y comprometer nuevas inversiones”.
Además niega la pertinencia de la reversión al indica que: “Por consiguiente, mientras esté pendiente la atención y cumplimiento por parte del Ministerio de las obligaciones que le corresponden, esto es designar la comisión negociadora del Estado, el proceso de reversión está suspendido de pleno derecho”. También asegura que el Ministerio de Energía y Minas, como representante del Estado ecuatoriano, es la contraparte contractual, a partir de la fusión por absorción que se diera con la Secretaría de Hidrocarburos. Petroecuador no es nuestra contraparte, indica Páez en su comunicación.
Petrolia indicó, además, al viceministro que el 23 de febrero del 2022 la empresa había solicitado el inicio de las negociaciones tendientes a la migración de los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (petróleo crudo) de los Bloques 16 y 67 (Tivacuno) a la modalidad contractual de participación y el correspondiente incremento del plazo. Esto con base al artículo 31 A de la Ley de Hidrocarburos, modificado por la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal “La renegociación de los contratos habilitaría nuestro compromiso de llevar a cabo nuevas inversiones por más de $ 200 millones durante los primeros dos años”, le dice.
Páez cierra su comunicación con una advertencia: “NSE y Petrolia Ecuador S. A. siempre han evidenciado su absoluta buena fe, cumplimiento cabal de sus obligaciones y clara intención de invertir en beneficio del país. No obstante, ante cualquier violación de sus derechos, Petrolia Ecuador S .A. y sus accionistas se reservan el derecho a iniciar todas las acciones que fueren necesarias, judiciales y/o arbitrales, bajo la ley ecuatoriana y el derecho internacional”.
Sobre el tema, el ministro de Energía Fernando Santos ha tenido su posición clara desde el primer día de gestión al frente de la cartera en el gobierno de Guillermo Lasso. El secretario de Estado le dijo a este Diario que el problema con New Stratus es el tiempo. “De conformidad con el contrato original de Repsol cualquier extensión de contrato debía haberse iniciado dos años antes de la terminación del contrato. Pero apenas faltan dos meses para que se termine el contrato”. Santos veía complicado que en tan corto tiempo se pueda renegociar un contrato. Explicaba que si no se lograba dicha renegociación, “todo deberá volver a Petroecuador por un tiempo para luego volverlo a licitar a compañías privadas calificadas que puedan producir este crudo extrapesado”.
Fuente: El Universo
