EL COMERCIO.- El futuro judicial del excontralor Pablo Celi, del exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve procesados más por presunta delincuencia organizada, se definirá el 10 de febrero del 2023.
Un Tribunal de la Corte Nacional tiene previsto reinstalar, a las 15:00, la audiencia de juicio del caso Las Torres, para dar a conocer su resolución.
Es decir, mañana (10 de febrero del 2023), se sabrá si los jueces nacionales condenan con años de cárcel al excontralor Pablo Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve procesados más.
Detalles sobre el juicio
La etapa de juzgamiento en el caso Las Torres duró 45 días. Durante esa fase, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa que sentencien con penas diferenciadas a los 11 procesados, de acuerdo al grado de participación en esta presunta trama ilegal.
Por ejemplo, para Celi y Flores solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de cárcel. La entidad investigadora los ubica como los líderes de una estructura delictiva, que exigía sobornos a una empresa a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y gestionar pagos pendientes.
La acusación fiscal
La Fiscalía dijo que rastreó la ruta del dinero, que fue solicitado en beneficio de los integrantes de esta presunta estructura delictiva.
Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit, una empresa de servicios petroleros. Es decir, USD 4 millones.
Además de esa acusación, La Fiscalía señaló que Pablo Celi y su hermano habrían recibido USD 500 000 adicionales por el desvanecimiento de seis glosas en la Contraloría, que pesaban sobre Nolimit. Esto habría ocurrido entre el 2017 y 2018.
Estas acciones de los hermanos Celi permitieron que Pablo Flores recibiera USD 40 000 por el pago del 5% de planillas menores a Nolimit.
“Los integrantes de esta estructura usaron el sistema financiero internacional para realizar sus transacciones económicas ilícitas”, indicó la Fiscalía.
La defensa de los procesados
Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, considera que la Fiscalía acusó a su cliente de un delito que no ha podido probar durante el juicio.
“No se ha presentado a lo largo de la etapa de juzgamiento, ningún chat, conversación, llamada, correo electrónico, grabación en los cuales aparezca Pablo Celi”, indicó Ron.
El abogado también señaló que el contrato entre Nolimit y Petroecuador, que da origen a la factura de los USD 20,3 millones, “no tiene ni ha tenido glosas, con lo cual se desbarata la teoría de Fiscalía”. Además, señaló que la existencia de glosas no era un impedimento para que Petroecuador pague las facturas a Nolimit”.
Por su parte, Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, asegura que “no existe una organización criminal”, como señala Fiscalía.
Además, dijo que Raúl de la Torre, sobrino del excontralor, y su socio Roberto Barrera se tomaron el nombre de Flores, sin su autorización, para exigir sobornos a Nolimit y beneficiarse ellos.
Joan Paul Egred, defensor de dos de los procesados, también rechazó las acusaciones de Fiscalía y negó la participación de sus dos clientes en el delito de delincuencia organizada.
