EL UNIVERSO .- La solicitud tiene 46 firmas de respaldo de la bancada de Pachakutik y algunos legisladores de Unión por la Esperanza.
El asambleísta por el movimiento Pachakutik en la provincia de Imbabura, Mario Ruiz Jácome, este 14 de marzo, oficializó un pedido de juicio político en contra del ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Esteban Bernal, por supuesto incumplimiento de funciones.
Las acusaciones tienen relación con casos de supuesta suspensión y retiro del bono de desarrollo humano a grupos de atención prioritaria en la zona de Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, durante los meses de agosto y septiembre del 2022.
El pedido de interpelación contiene 46 firmas de respaldo. Ruiz dijo que los excluidos del bono son personas con discapacidad, huérfanos y víctimas de femicidio, y que el retiro del beneficio se dio sin explicaciones por parte del MIES.
El legislador de Imbabura comentó que previamente a la solicitud de juicio realizó un proceso de fiscalización en que pudo verificar que hubo vulneración de los derechos constitucionales y derechos humanos de las personas que habían sido perjudicadas. Que hasta la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos compareció gente de las provincias de Imbabura, El Oro y Guayas, y que en el proceso el ministro Esteban Bernal se excusó de que le pasaron el registro social.
Como causal de este pedido de juicio se señala que la máxima autoridad del MIES violó el derecho a la atención prioritaria y debido proceso en las garantías de cumplimiento de las normas contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República, referentes a la defensa y motivación, por parte del ministro de Inclusión Económica y Social dentro de los procesos de exclusión y suspensión de transferencias monetarias condicionadas a grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad.
Que los casos de suspensión y retiro de transferencias monetarias condicionadas y realizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social se realizaron sin asegurar los derechos al debido proceso y atención prioritaria de la población.
La solicitud de juicio pasará a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para su verificación de cumplimiento de requisitos y calificación.
