La destitución de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana “es un hecho consumado”. Así lo dijo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), tras rechazar una serie de recursos legales en contra de esta decisión.
Saquicela se pronunció este miércoles 23 de noviembre del 2022, después de que un juez del cantón La Concordia dictara una medida cautelar para impedir que el Parlamento posesione a los reemplazos de los consejeros.
“La medida cautelar se da antes de un hecho y el hecho ya está dado: la destitución de los cuatro vocales se dio el día viernes a la medianoche, y eso está consumado. Nosotros no podemos acatar como Función Judicial (Legislativa), algo que es inejecutable”, enfatizó.
En este pronunciamiento Saquicela estuvo acompañado de asambleístas como Marcela Holguín, del correísmo, Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), Marlon Cadena, de la Izquierda Democrática (ID).
También estuvo Mireya Pazmiño, quien fue expulsada de la bancada de Pachakutik por haber direccionado el juicio político a favor de los intereses del correísmo y el PSC. “Habrá que posesionar a los nuevos consejeros y habrá que hacerles respetar también cuáles son sus obligaciones”, dijo.
Criterios divididos
Saquicela ratificó que la posesión de los consejeros suplentes está prevista para las 16:20 de este jueves 24, en la sesión del Pleno.
“Es una acción de medida cautelar que está fuera de tiempo. Ya se dio el hecho del juicio político, ya se consumó, están censurados y destituidos los cuatro vocales y, por lo tanto, no existe nada que prever”, señaló.
Sin embargo, es una decisión que no comparten el oficialismo ni asambleístas orgánicos de Pachakutik, tras advertir que la censura y destitución de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, se dio con ilegalidades.
“Si nosotros vivimos en un estado constitucional de derecho, no podemos irrespetar decisiones constitucionales”, replicó Ricardo Vanegas, de la bancada de Pachakutik. “Los cuatro siguen siendo consejeros porque se ha suspendido el efecto de la resolución”.
El coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, señaló que su bloque no participará de la posesión de los nuevos consejeros por ilegalidades.
Medida cautelar
La medida cautelar fue dictada por Ángel Lindao Vera, juez del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al considerar que se afectaron derechos constitucionales de los consejeros que fueron censurados y destituidos. Este recurso fue solicitado por el ciudadano Manuel Párraga.
Como parte de la providencia, el juez requirió a la Asamblea que entregue los informes, actas y demás componentes del expediente para el juicio político, algo que no existe por la falta del informe de la Comisión de Fiscalización que fue entregado fuera de plazo.
Saquicela cuestionó que el mismo ciudadano haya presentado siete de las 14 acciones constitucionales, entre acciones de protección y medidas cautelares, que enfrenta la Asamblea.
Otra acción de protección fue presentada por los consejeros destituidos Ulloa, Bravo y Estupiñán en la unidad de garantías penales de Quito. Y una tercera reposa desde el viernes en la unidad judicial de Quitumbe y fue presentada por Washington Varela, asambleísta independiente; en cuyo caso la audiencia se dará esta tarde.
Fuente: El Comercio
