Procesalmente hablando, la notificación de la sentencia por escrito abre la posibilidad para que la Fiscalía y la Procuraduría soliciten cualquiera de los recursos horizontales previstos en la norma. Aunque ni la aclaración o ampliación cambian el fondo de la decisión de nulidad, el Tribunal debe haber contestado todos los pedidos de las partes procesales para que así el fallo quede en firme.
El defensor de Guerra, Cazar y Burgos, Paúl Ocaña, cree que entre el final de esta semana y la que viene ya podrán tener en las manos la sentencia por escrito. Desde su perspectiva este documento es importante, pues ahí ellos conocerán la fundamentación usada para declarar la nulidad procesal, esto de cara a posibles acciones ante las consecuencias negativas que ha causado este proceso penal: afectación psicológica, moral, personal, profesional, académica, económica…
Ocaña sostiene que la normativa permite por varios caminos reclamar el haber sido sometidos a un proceso penal en el que se violentaron principios relacionados con el debido proceso y defensa, en el que se les sentenció sin existir un delito ni afectación al Estado y se dejó ante la opinión pública que ellos eran delincuentes.
Si bien el abogado reconoce el valor del Tribunal de Apelación al haber actuado en ley y declarar la nulidad procesal, él dice que como defensa trabajaron siempre para que se los declare inocentes. “La prioridad que teníamos es que se los declare inocentes, pues no existe el delito en sí, es decir, materialidad, y tampoco existe responsabilidad penal de parte de ellos, no cumplían el tipo penal del peculado ni del actual, ni tampoco del anterior”.
Entre las posibilidades que no descarta optar la defensa de Guerra, Cazar y Burgos están la vía contencioso-administrativa, en el que se puede iniciar una demanda por error judicial con base en el daño moral que se ha generado, una acción directa por daños y perjuicios o por daño moral en materia civil, y a eso se le suma que se podrían presentar acciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Pese a que está ahí la normativa, nosotros no hemos podido tomar una decisión mientras no tengamos la sentencia por escrito. (…) No se descarta ninguna de esas posibilidades porque primero se está a la espera de recibir la sentencia por escrito, analizarla con cabeza fría“, recalcó Ocaña.
Por su parte, Édison Loaiza, abogado del exvicepresidente Glas, no ha esperado que exista la notificación por escrito de la sentencia en el caso Singue y ya adelantó procedimientos en el sistema de garantías penitenciarias. Para él no es necesario que esté en firme la decisión de nulidad para impulsar los beneficios penitenciarios a los que puede acceder el hombre fuerte de los sectores estratégicos en el gobierno de Rafael Correa.
El viernes último ya Loaiza presentó la petición para la unificación de penas de Glas al director del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones número 2, más conocida como Cárcel 4, en Quito. Ahora esa defensa espera que el funcionario proceda con la recopilación de todos los informes necesarios que deben ser incorporados a un expediente que tendrá que ser puesto a conocimiento de un juez de garantías penitenciarias de Pichincha, quien deberá luego de una audiencia decidir.
“Ya se hicieron los informes, simplemente lo que corresponde en este momento es la actualización y como ya no existe ninguna otra acción jurídica, penal en contra del exvicepresidente Jorge Glas, entonces creo que esta actualización sería en 24 o 48 horas”, refirió el abogado que inicia este proceso de unificación para luego solicitar la prelibertad del exfuncionario público.
Fuente: El Universo
