La crisis política y social, que deja ya 48 muertos en ciudades del sur y en Lima en siete semanas, no da señales de solución.
El poder político ha sido incapaz de encontrar una respuesta a las demandas de la población, sobre todo rurales del sur andino de mayoría indígena, históricamente postergadas, quienes habían apostado a mejorar sus condiciones de vida con la llegada del izquierdista Pedro Castillo a la presidencia (2021-2022), destituido y detenido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso.
Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió las riendas del gobierno.
Protestas no frenan
La mandataria reconoció que la crisis en las calles ha empeorado con un escenario de protestas violentas y bloqueos, que ha llevado incluso en zonas como Puerto Maldonado, en la selva peruana, a que algunos habitantes recurran al carbón o la leña para cocinar a falta de gas, denunciaron afectados a medios locales.
El Congreso ya había votado un adelanto de los comicios para abril de 2024.
El domingo, el presidente del Parlamento, José Williams, militar retirado de derecha, primero en línea de sucesión en caso de renuncia de la mandataria peruana, también pidió en su cuenta de Twitter a los parlamentarios “reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar” el lunes.
