Los reemplazos de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo ya empiezan a trazar sus líneas rojas para la renovación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Esto, después de la censura y destitución que tuvo lugar este viernes 18 de noviembre en la Asamblea.
De acuerdo con los resultados de los comicios del 2019, a quienes les corresponderá asumir como reemplazos son a Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chugchilán.
“Es bastante difícil el momento que se viene, pues será bastante difícil actuar con las otras tres personas que tienen intereses creados, tanto de grupo como individuales”, dijo Figueroa a EL COMERCIO. El médico de profesión y dirigente gremial reemplazará a Ulloa.
Tras la censura y destitución de los cuatro consejeros, la mayoría parlamentaria liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) solo dejó a salvo a tres de los miembros de este organismo: Sofía Almeida, Juan Xavier Dávalos y David Rosero.
Figueroa consideró que esas agrupaciones políticas lo que pretenden es “tomarse el Cpccs para ponerlo al servicio de sus intereses”, tras el juicio político al que tachó de ilegal.
“Yo no estoy de acuerdo ni que se hayan tumbado a la gente ilegalmente, sin el debido proceso, sin respetar la Ley, la Constitución”, señaló, aunque dijo que le corresponde asumir como consejero.
Figueroa aseguró que no dará paso a que el organismo de marcha atrás en los concursos que, según Ulloa, quedaron blindados.
Aplicar correcciones
Karina Ponce, por su lado, enfatizó que “el país no puede esperar una decisión colectiva para designar autoridades transparentes, promover la participación ciudadana y ejercer una verdadera contraloría social”. Ella reemplazará a la consejera Ibeth Estupiñán, quien tuvo una carrera de más de 15 años en el organismo.
En declaraciones a este Diario, Ponce aseguró que no se prestará para ningún tipo de acuerdo que vaya en contra de la Ley y la Constitución. “Si un reglamento está por fuera de la ley o cualquier otra acción del Consejo busca favorecer alguna personalidad o tendencia, no es correcto, por tanto, yo no respaldaré”, anotó.
Añadió que “lo que al país le urge es continuar con los procesos. En ese sentido, habrá que corregir lo que esté incorrecto porque no vale continuar con procesos que luego lleguen viciados, nulos o que provoquen que la autoridad elegida carezca de legitimidad”.
Sostuvo que a la Legislatura le corresponde responder sobre la destitución de los cuatro consejeros. “Yo no participé con una organización política ni fui promovida en pollas electorales por ninguna organización política”.
Esta situación ocurre a solo tres meses de las elecciones en las que se renovará a este organismo y en momentos en que se adelantan los concursos para designar a nuevas autoridades como el Contralor General del Estado.
Vínculos políticos
Tras la censura y destitución de la mayoría del Cpccs, el consejero Dávalos, a quien se lo vincula con el correísmo tuiteó: “La Asamblea hizo justicia y defendió la independencia que nunca debió perder el Cpccs. El Gobierno que se dedique a resolver los problemas del país en vez de tomarse las instituciones. Retomaremos el rumbo de la transparencia y designación de autoridades como manda la ley”.
Hubo pronunciamientos previos de Sofía Almeida, sobrina del asambleísta socialcristiano Luis Almeida, y de Rosero, de Unidad Popular, a favor de esta interpelación.
Aunque la ley no permite que los consejeros tengan vínculos con los partidos, en la pasada contienda electoral el correísmo promocionó a Dávalos y a Olindo Nasacuaz, quien consta como el último candidato que tuvo el Cpccs en representación de los pueblos.
En esa forma de promoción también aparecieron Victoria Desintonio y Walter Gómez, así como Carlos Espinoza y Viviana Mora. Poco después de asumir el cargo, la Asamblea destituyó a Desintonio y Gómez por incumplimiento de funciones junto al cura Carlos Tuárez y Rosa Chalá, y actualmente se desempeñan como legisladores.
El Cpccs ya enfrentó un primer proceso de renovación parcial en 2019, tras la destitución de su presidente y tres vocales. Otra se dio en 2019 con la destitución de Christian Cruz, segundo presidente de este organismo. Ulloa ocupaba la Presidencia desde febrero de 2022, cuando fue removida Almeida.
Perfiles de los suplentes
Carlos Figueroa es médico de profesión. En 2015, él junto al exasambleísta Cléver Jiménez y su entonces asesor Fernando Villavicencio, fueron sentenciados a prisión, acusados por el expresidente Rafael Correa por desacato. Figueroa cumplió una pena reducida de seis meses.
Mónica Moreira Morán es docente. Se desempeña como coordinadora Zonal 5 del Ministerio de Educación, para las provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y Durán). Tiene una trayectoria laboral de 25 años en el ámbito educativo, según la Cartera de Educación.
Karina Ponce Silva es economista. En julio de este año intervino en el Pleno de la Asamblea para exponer argumentos respecto al Informe para Primer Debate del del Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Es parte de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA).
Jaime Chugchilán es abogado por la Universidad Luis Vargas Torres. En 2016 laboró en la Secretaría Nacional del Migrante y es coordinador General Intercultural de Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Cpccs, desde mayo del 2020.
Fuente: El Comercio
