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Tres empresas deudoras de la Corporación Financiera Nacional fueron nombradas en casos judiciales relacionados con actos de corrupción

Victor Guillermo Gonzalez Delgado
7 Min. de Lectura
La cartera improductiva de la CFN llega a $ 480 millones al cierre de 2021. De este total, $ 400 millones se concentran en una lista de 99 juicios de coactivas.

Los casos Sobornos 2012-2016, Las Torres y la causa que sentenció un cohecho relacionado con la trama de corrupción ocurrida en Petroecuador son los procesos penales en los que se nombra a las empresas Consermin Construcciones y Servicios de Minería, Nolimit C. A. y Oil Services & Solutions (Oilserv), 3 de los 97 más grandes deudores que tendría la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Ninguna de estas tres personas jurídicas fueron sentenciadas por delitos como cohecho pasivo agravado, en el caso Sobornos; delincuencia organizada, en Las Torres; o por cohecho, en el caso Petroecuador, pero sí recibieron sentencias en Ecuador, en al menos los casos Sobornos y Petroecuador, sus accionistas.

Caso Sobornos 2012-2016

Por ejemplo, en el caso Sobornos, el empresario Ramiro Galarza, quien habría sido presidente y accionista de Consermin, fue sentenciado a ocho años de cárcel en calidad de autor directo y se le ordenó el pago de $ 778.000 como reparación económica para el Estado.

El Tribunal sentenció a Galarza por haber entregado sobornos, desde su calidad de presidente y accionista de Consermin, para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le adjudique siete contratos que sumaban $ 55,7 millones, entre el 2012 y el 2016. Consermin mantendría cuentas pendientes con la CFN por valores cercanos a los $ 6,6 millones.

Pese a que Galarza ha negado su relación con el delito, su nombre y el de Consermin aparecían en los denominados Archivos Verdes como “voluntario” y persona de contacto bajo el código V4. El expediente señala que la exministra María Duarte fue quien estuvo a cargo de gestionar los recursos que provenían de Consermin, empresa que, según la sentencia, entregó recursos mediante el cruce de facturas por $ 428.385,60.

Caso Las Torres

En el caso más reciente de corrupción ocurrido en la función pública de Ecuador y que actualmente se realiza la audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia aparece el nombre de la empresa Nolimit C. A., una proveedora de equipos de refinación para el sector petrolero. En este caso fueron llamadas a juicio trece personas, entre ellas, el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores.

Autoridades de la Corporación Financiera Nacional señalan que la empresa Nolimit le adeuda $ 1,4 millones.

La fiscal general, Diana Salazar, asegura que existe un “grupo organizado” que operó a través de la Contraloría General del Estado, la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit. Al momento lleva siete días la audiencia de juzgamiento que terminará definiendo la culpabilidad o inocencia de los procesados.

La causa en Ecuador se derivó de la información que dejó el proceso penal en el que se sentenció en Estados Unidos a tres años de cárcel al empresario ecuatoriano-estadounidense José Luis De la Paz Román, uno de los socios y representante de la compañía Nolimit C. A., quien confesó haber pagado $ 8,8 millones en sobornos por contratos de Petroecuador.

Según las autoridades estadounidenses, entre los años 2012 y 2017, Nolimit recibió $ 121 millones en contratos de Petroecuador, principalmente para bombas y asistencia en mantenimiento para las readecuaciones de las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. En Ecuador no hay funcionarios de Nolimit procesados, solo han participado en el caso Las Torres mediante sus testimonios anticipados cuatro exfuncionarios de la empresa.

Caso Petroecuador cohecho

En enero de 2021, como parte de la sentencia en firme por el cohecho ocurrido dentro de la estatal Petroecuador, la Procuraduría General del Ecuador (PGE) solicitó que se dé inicio a la ejecución forzosa y embargo de los bienes a nombre de los trece sentenciados, entre quienes están el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, el exgerente de Petroecuador Álex Bravo y los hermanos Andrés y Jaime Baquerizo, relacionados con la empresa Oil Services & Solutions y condenados a cinco años de cárcel.

El procesamiento del delito de cohecho se inició en Ecuador a raíz de la publicación de los papeles de Panamá, filtración de archivos del estudio Mossack Fonseca, revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ). En esos documentos se encontró un acuerdo comercial entre Arkdale Investments Limited (de Bahamas), una empresa relacionada con Juan Baquerizo, y la firma Girbra S. A., de Álex Bravo.

Una investigación de Diario EL UNIVERSO reveló que Oil Services & Solution acumuló unos $ 40 millones en contratos públicos en Ecuador, entre 2007 y 2016. La mayoría de estos fueron adjudicados por Petroecuador.

En 2019, Andrés Baquerizo fue condenado en Estados Unidos a tres años de prisión y otros tres de libertad bajo supervisión por ser parte de la red de corrupción que operó en Petroecuador. Él se declaró culpable de los hechos acusados y según su declaración judicial, el monto de los sobornos pagados a funcionarios de la estatal petrolera alcanzó los $ 1,72 millones, que fueron entregados entre 2012 y 2016.

La PGE espera recuperar $ 50,4 millones, que es la suma de $ 12,6 millones de reparación y $ 37,8 millones de pena pecuniaria, de los sentenciados por un cohecho parte de la trama de corrupción en Petroecuador. A decir de la CFN, Oil Services & Solutions les adeuda $ 1,7 millones.

Fuente: El Universo

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