El partido afirmó que el legislador actuó de manera “inconsulta” en ese tema. Dirigentes piden que de explicaciones al país y a la bancada.
El Tribunal de Disciplina del Partido Social Cristiano (PSC) analiza la conducta del legislador por Guayas Luis Almeida, quien el pasado lunes 5 de septiembre votó a favor del informe de mayoría de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional respecto al proyecto de norma que reforma tres artículos de la Ley de Servicio Público.
Una de aquellas plantea eliminar la cuarta disposición reformatoria de la Ley de Apoyo Humanitario, vigente desde junio de 2020, que cambió el primer inciso del artículo 135 de la Ley de Servicio Público, donde se exceptúa del pago de las pensiones vitalicias a los “exmandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución, o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y/o de agresión o violencia sexual”.
En un comunicado, el Tribunal señaló que, según el estatuto del partido, corresponde a la directiva nacional “orientar la acción política de los parlamentarios del partido y en general la de todos los afiliados que desempeñen una función pública, sea o no de elección popular, de manera que se observe la indispensable disciplina partidista, salvo en casos excepcionales que se haya concedido libertad de decisión”.
Y que el voto de Almeida en este caso “de ninguna manera corresponde a los principios y postulados permanentes del PSC, sino que más bien los contraría”. “Las posiciones políticas individuales y no consultadas con la coordinación del bloque, que ejerce el legislador Esteban Torres, activarán, de oficio, los procesos disciplinarios correspondientes”.
En un boletín del pasado martes 6 de septiembre, la directiva del PSC señaló que cuando se tramitó la Ley Humanitaria en el 2020 su bloque se pronunció a favor de que se exceptúe del pago de las pensiones a los mandatarios que no hayan concluido su mandato o cuando exista una sentencia en su contra. Y que mantendrán esa postura, por lo cual no apoyarán en el pleno el informe de la Comisión de los Trabajadores.
Precisó que la actuación “inconsulta” de Almeida no representa el pensamiento del PSC.
Alfonso Pérez, presidente del Tribunal, dijo a este Diario que el inicio del proceso disciplinario contra Almeida dependerá de las explicaciones que le dé al país. Si no son satisfactorias se iniciaría el trámite.
El legislador no está afiliado al PSC por lo cual no se lo podría expulsar, pero sí separar de la bancada, comentaron dirigentes consultados.
Pérez es un viejo militante socialcristiano. Ya fue parte de esa área de la agrupación en la década del 2000 y retornó el año pasado cuando se realizó la renovación de la directiva nacional. En ese entonces expulsó, entre otros, a los exdiputados Xavier Neira y Oswaldo Rossi.
A Almeida ya lo botó del partido en dos ocasiones. Una fue en 1994, cuando impulsó un juicio político contra el entonces ministro de Energía, Francisco Acosta, que no tuvo el apoyo de su bloque. Fue en esa época en que se autoendilgó el mote de ‘guacharnaco’.
Y la otra en el 2004, cuando ya se había reconciliado con el PSC, pero luego él y su entonces coidearia Rocío Jaramillo votaron con la mayoría formada por el Partido Sociedad Patriótica y el Partido Roldosista Ecuatoriano para la designación de la llamada ‘Pichicorte’ o sea la Corte Suprema de Justicia que presidió Guillermo Pichi Castro Dáger.
Almeida ha sido cuestionado en las últimas semanas por efectuar denuncias sin sustento contra funcionarios del actual Gobierno. Así, por ejemplo, aseguró que el consejero presidencial Aparicio Caicedo estuvo detrás de la venta de una gasolinera de Petroecuador en Quito cuando esa transacción se hizo en el 2015, durante el gobierno de Rafael Correa.
Fuente: El Universo
